• En junio de 2010 CEMDA solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente localnegar la autorización en materia de impacto ambiental por carecer de fundamentos legales.
• La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) había señalado también  deficiencias técnicas en la Manifestación de Impacto Ambiental.

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México, D.F. a 21 de enero de 2011

 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) exigió al Gobierno de la Ciudad de México ser congruente con sus compromisos de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, y aceptar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la cual pidió suspender la construcción de la Supervía Poniente.

CEMDA considera muy acertada la recomendación emitida el día de ayer por la CDHDF en la que se pide al jefe de Gobierno ordene la suspensión de la Supervía en virtud de los graves daños ambientales a los bosques del surponiente de la ciudad, en específico el Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango y el Área Natural Protegida con categoría de Zona de Conservación Ecológica La Loma. Lo anterior implica la necesidad de elaborar un diagnóstico y consulta sobre las necesidades de movilidad y las alternativas.

El bosque surponiente es de gran importancia para las personas que habitan y transitan la cuidad debido, entre otros aspectos, a los servicios ambientales que presta, tales como captación de agua y recarga de mantos acuíferos, la presencia de flora y fauna endémica con estatus de conservación o protección federal, la producción de oxígeno y regulación del clima.

Gustavo Alanis Ortega, Presidente del CEMDA, estableció que “el 11 de junio de 2010, CEMDA emitió sus Comentarios y Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad específica realizada para el proyecto denominado “Sistema de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur Poniente de la Ciudad de México”, en donde solicitaba a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SMAGDF) negar la autorización en materia de impacto ambiental por carecer de los fundamentos legales y de la motivación suficientes y necesarios para otorgarla. No obstante lo anterior, la SMAGDF hizo caso omiso y decidió otorgar un resolutivo de impacto ambiental favorable”.

Es de señalarse también que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) del Distrito Federal ya había cuestionado el proyecto el pasado 15 de junio del 2010, en función de que la manifestación de impacto ambiental (MIA) sometida para su evaluación a la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal presentó serias deficiencias técnicas, tales como la falta detallada de los impactos ambientales negativos y la ausencia de medidas apropiadas de mitigación, lo que era suficiente para negar la autorización de impacto ambiental, además de que el proyecto era incompatible con los diferentes programas de ordenamiento ecológico y  del territorio aplicables en la zona.

“La falta de información sobre el proyecto en su conjunto y de una posterior consulta y participación pública para una decisión consensada, no permite garantizar la protección del medio ambiente ni garantiza el respeto de los derechos humanos. En consecuencia, urgimos al Gobierno del Distrito Federal a no obstaculizar el trabajo que realizan los ciudadanos en defensa de sus propios intereses”, apuntó Gustavo Alanis.

Añadió que la construcción de nuevas vialidades genera tráfico inducido y promueve la motorización, “por lo que pedimos a Marcelo Ebrard cumplir su compromiso de promover transporte público eficiente y sustentable, creando las 10 líneas de Metrobús y los 300 kilómetros de ciclovías que ofreció en campaña”.

 

 

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