• Retos para la nueva administración de Guerra Abud
• La política ambiental no ha reducido los costos ambientales, pues éstos crecieron 1.3% en promedio al año entre 1989 y 2011

 

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México D. F. 04 de marzo 2013

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas deficiencias en la política ambiental que han incentivado la degradación de recursos naturales y que deben ser subsanadas por la nueva administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)

La administración de los recursos naturales ha ocasionado que de 1989 a 2011, el costo por degradación -que comprende al aire, agua, recursos forestales y suelos- crezca en 1.3% en promedio al año, por los problemas generados de la  contaminación del aire; en tanto que el costo por agotamiento -del agua, recursos forestales y petróleo- aumentara en 2.1% en promedio anual; lo que revela que la política ambiental no ha logrado reducir los costos ambientales determinó la ASF.

En materia de aire, a pesar de que su calidad ha mejorado en las principales ciudades del país y se han mitigado las emisiones de GEI a la atmósfera, continúa presentando niveles de contaminación fuera de la norma y la mitigación de emisiones de GEI no ha logrado niveles que contribuyan a reducir las afectaciones a la población por la alteración climática, y la incorporación de redes de monitoreo atmosférico ha disminuido.

“La contaminación de aire en México se asocia con 14 mil 700 muertes al año. Por ello es urgente la mejora de políticas públicas que permitan mejorar la calidad del aire, como por ejemplo la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas NOM 044 y 042 para que no solo mejoren el medio ambiente sino para que permitan promover la entrada de mejores tecnologías al país y la competitividad de la industria de transporte en México” dijo Gustavo Alanís director del Centro Mexicanos de Derecho Ambiental (Cemda).

En materia de agua, los volúmenes de agua superficial y subterránea disponible continúan decreciendo, debido a que las concesiones de aprovechamiento se han otorgado sin considerar los volúmenes disponibles de agua; ya que de 1998 a 2011 el agua renovable per cápita disminuyó en 2.7% en promedio anual; de continuar esta tendencia, al 2030 los volúmenes de agua residual per cápita decrecerán en 5.8%, por lo que se reducirá el volumen de agua renovable por persona en más de 6 veces, a pesar de que el agua es considerada un asunto de seguridad nacional. En cuanto a los resultados de la calidad del agua, se han mejorado por la ampliación de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento; pero, de continuar la tendencia de ampliación de la infraestructura sería hasta el año 2028, cuando se podría sanear el 100.0% de las aguas residuales generadas actualmente.

“Es necesario que el Congreso promulgue en una nueva Ley que regule esta valioso recurso. Recordemos esto debió haber sucedido desde el 8 de febrero, debido a la reciente reforma al artículo 4º constitucional, que establece el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, bajo un enfoque ecosistémico y, generar alternativas para promover su reúso” continúo Alanis.

En materia de suelos, la degradación continúa alterando los ecosistemas. A 2011 la política implementada no contribuyó a la reducción de la afectación de los suelos por el manejo inadecuado de los residuos, el 36.8% de los residuos peligrosos generados no se someten a un proceso de aprovechamiento y tratamiento, y el 63.8% de los residuos sólidos se envíen a basureros municipales, sin someterse a un proceso adecuado de manejo.

En 2011, los apoyos que destinó la CONAFOR mediante el Proárbol para la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales siguió una estrategia basada en la atención de las solicitudes presentadas en las entidades federativas, en lugar de privilegiar los estados con mayor superficie potencial y de mayor prioridad. Los apoyos que la CONAFOR otorgó para conservar, restaurar y aprovechar los recursos forestales resultaron limitados. Si bien el fortalecimiento de la política ambiental en materia forestal ha logrado disminuir el deterioro de la superficie forestal degradada, no ha detenido la perdida de superficie forestal y dejar de considerarla una amenaza para la seguridad nacional y el bienestar de la población.

“El Cemda denunció en su momento que el programa Proárbol no era adecuado para combatir con la deforestación en México. Es necesario que esta administración replantee la política forestal e implemente programas para proteger a los bosques mediante el apoyo y fortalecimiento de las comunidades que habitan en estos” dijo Alanis.

En lo que se refiere a los residuos peligrosos, la ASF estimó que en 2011 se generaron 1.9 millones de toneladas, de las cuales 0.7 millones de toneladas (36.8%) no se sometieron a un proceso de aprovechamiento y tratamiento. En 2011 se generaron 41.1 millones de toneladas, de las cuales 26.2 millones de toneladas (63.8%) se enviaron a basureros municipales sin someterse a un proceso de aprovechamiento y tratamiento, y 12.9 millones de toneladas (31.4%) se arrojaron a sitios clandestinos.

“Uno de los retos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida (Conanp) es trabajar sobre el rezago en programas de manejo para las Áreas Naturales Protegidas como bien lo señala la ASF que se le ha restado eficacia a las acciones emprendidas por la dependencia” dijo.

Respecto de la estrategia ambiental de manejo sustentable de la vida silvestre mediante el esquema de UMA contribuyó a que 992 a 2010, las especies clasificadas en alguna categoría de riesgo se incrementaran, y que se extinguieran 49, por lo que los mecanismos definidos para la protección de las especies silvestres no propiciaron su conservación y, por el contrario, se continuó con la pérdida de especies.

En materia de procuración de justicia cabe señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó debilidades en el control y seguimiento de los procedimientos penales por delitos ambientales iniciados, ya que el Registro de Expedientes (SICRE) no incluyó la información para determinar la situación jurídica, ni el proceso del que derivó cada procedimiento, ni el sentido de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.

“Las observaciones de la ASF señalan graves deficiencias en la política ambiental que la Semarnat ha incentivado durante años. ¿Qué va a hacer el nuevo secretario Guerra Abud con estos resultados de la auditoría? Es claro que para revertir la degradación ambiental del país, deben ser tomados en cuenta como línea base,  y ser solventadas urgentemente” finalizó Alanis.