- Se trataba del primer proyecto de extracción minera submarina a realizarse en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
- Organizaciones y expertos habían advertido sobre los posibles impactos ambientales para los ecosistemas marinos y la pesca en la zona.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Centro para la Diversidad Biológica consideran correcta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto de minería submarina Don Diego, que pretendía llevarse a cabo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido a los posibles impactos ambientales para la región.
Durante el 2015, y ante un inminente resolutivo negativo, el promovente del proyecto lo retiró del procedimiento de impacto ambiental, ante lo cual y unos días después, Odyssey Marine Explorations, presentó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ahora con el nombre de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego.
Junto con expertos y otras organizaciones ambientales, habían señalado los posibles riesgos e impactos para los ecosistemas marinos -particularmente para la población de tortugas marinas y las ballenas- de la región y para la actividad pesquera en la zona[1]. El Golfo de Ulloa ha sido caracterizado como una Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
De igual forma, el Golfo de Ulloa ha sido reconocido por su alta productividad biológica. De hecho, el 42% por ciento de la actividad pesquera en el estado de Baja California Sur se ubica en esta región. En este sentido, la misma Semarnat había considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales del Golfo de Ulloa.
Dado que se trataba de un proyecto pionero de minería submarina, existe también incertidumbre respecto del alcance de otros impactos ambientales negativos que se podrían haber producido. Por esta razón, en su momento se pidió a la Semarnat aplicar el Principio Precautorio, hasta que se pudiera asegurar que no se producirían daños ambientales graves e irreversibles en la zona.
Las organizaciones consideran que la mejor forma de promover un desarrollo sustentable es apoyando las actividades económicas que se realizan, haciendo cumplir la ley y garantizando el equilibrio ecológico de la región y la conservación del patrimonio natural.