La firma del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, por parte del gobierno de México, el día de hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, constituye un logro de la sociedad civil para la sociedad civil, en el camino de garantizar una efectiva protección a las personas defensoras de derechos humanos ambientales.

El día de hoy, el gobierno de México, representado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, suscribió en Nueva York el Acuerdo de Escazú. Para las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C., Comunicación y Educación Ambiental S.C., Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático (Red CLIC!),  Fundación Tláloc, Bicitekas, El Poder del Consumidor y Cultura Ecológica A.C., esto representa un avance fundamental para nuestro país en lo que se refiere a los derechos de acceso y brinda una herramienta novedosa para la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias. Asimismo, asegura una gobernanza ambiental acorde con los tiempos que estamos viviendo al contar con un mecanismo de protección a personas defensoras del medio ambiente.

En este sentido, se hace una invitación y recomendación a quienes serán parte del nuevo Gobierno Federal a partir del 1 de diciembre próximo, así como al Senado de la República para que se comprometan con el proceso de ratificación, implementación efectiva y la debida armonización de dicho instrumento de derecho internacional con el marco jurídico nacional aplicable.

Todo lo anterior contribuirá sin duda alguna a que en el país se mejore y fortalezca el acceso a la justicia e información ambiental, y a que la participación de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales sea tomada en cuenta de manera seria y responsable. Suscribir un Acuerdo de esta naturaleza compromete a los tres niveles de gobierno, a los tres Poderes de la Unión y a la sociedad en su conjunto a redoblar esfuerzos a favor de la agenda ambiental y de derechos humanos a nivel nacional.

Reconocemos, por último, la labor que han realizado los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los expertos independientes y de Naciones Unidas, y a las personas y organizaciones de sociedad civil que participaron con sus mejores esfuerzos en la discusión y elaboración de este trascendental Acuerdo de Escazú.

Gustavo Alanís Ortega, Presidente y Fundador del CEMDA, dijo que “esto constituye sin duda alguna un paso adelante y fundamental para todos aquellos que en México buscan la justicia ambiental y el acceso a la información ambiental que está en manos de las autoridades de los tres niveles de gobierno y contribuye a mejorar las decisiones de las autoridades ambientales a través del involucramiento en la toma de las mismas de la sociedad interesada. Estaremos muy pendientes de la ratificación de este Convenio por parte del Senado de nuestro país y en su momento de su aplicación y cumplimiento efectivo”.

Por su parte, Olimpia Castillo Blanco, Directora de Comunicación y Educación Ambiental, señaló “la importancia que el Acuerdo tendrá para favorecer en la región, la participación de la ciudadanía en los asuntos ambientales, aunque será necesario un proceso de fortalecimiento de capacidades en distintos niveles y hacia distintos sectores, pero indudablemente con beneficios para todas las personas”.

Tómas Severino, Director de Cultura Ecológica y representante del público ante la negociación, estableció que “con una perspectiva de derechos humanos, vinculando éstos con los derechos de acceso y su pleno ejercicio, es el primer tratado ambiental de la región en lo que va del siglo y el único Tratado resultante de la Cumbre Mundial de Río+20. Ahora los países de la región tendrán un argumento de derecho público internacional para avanzar en las leyes, instituciones y prácticas hacia una gobernanza ambiental más plena”.

El Acuerdo fue firmado también los Estados de Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, Guyana, Panamá, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, Argentina, República Dominicana y Haití.