El litoral mexicano tiene una extensión de 11,592 km, que lo posiciona en el quinto lugar en América y el treceavo a nivel mundial. Su ubicación geográfica y evolución geológica deriva en gran diversidad de climas, biodiversidad y procesos ecológicos, particulares para cada región costera. Aunada a esta gran diversidad, en los litorales interactúan diversos sectores económicos que hacen uso y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, por lo que se complejiza la administración de las zonas costeras y litorales. Por su parte, el marco legal mexicano relacionado con la gestión de los mares y costas se encuentra fragmentado en diversos instrumentos normativos y bajo la administración de más de una Secretaría de Estado, lo cual supone un desafío para lograr un manejo integral y sustentable de este patrimonio natural.
En el litoral mexicano existe un serio problema de ilegalidad y sobrepesca. Alrededor de 85% de las pesquerías del Golfo de California están a su máxima capacidad de explotación o están sobreexplotadas. La regulación nacional en la materia se encuentra desactualizada y mantiene un principio extractivo; a la par, no se impulsan instrumentos como las zonas de no pesca, ni se potencializa la interconexión de Corredores Biológicos para salvaguardar los recursos marinos.
Por si eso fuera poco, en los últimos 25 años, México ha perdido alrededor de 62% de la extensión de humedales, sistemas vitales en el ciclo costero y de la pesca; por ejemplo, para 2012 en el inventario nacional de humedales se identificaron únicamente 10 millones de hectáreas, equivalente al 5% de la superficie del país. Los cambios de los elementos costeros y su biodiversidad inciden también en la salud de las comunidades de arrecifes de coral y pastos marinos, elementos que carecen de política nacional sobre su manejo y restauración. Adicionalmente, nuestro país destina menos del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia y tecnología, lo que dificulta la generación de políticas públicas medioambientales con un fuerte componente técnico-científico.
Para corregir lo anterior, desde CEMDA proponemos, entre otras cosas: a) impulsar la generación de mayor información científica y colaboración interinstitucional relacionada con los temas de biodiversidad costera y marina, lo que implica aumentar el presupuesto para las instituciones académicas dedicadas a estos temas; b) expedir, en concordancia con las Metas de Aichi y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la política nacional de manejo integral de humedales, así como la estrategia nacional para la atención de arrecifes; c) priorizar la elaboración de instrumentos de política nacional en materia de arrecifes tales como una Norma Oficial Mexicana en materia de manejo y restauración de ecosistemas arrecifales, modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Asimismo, consideramos necesario generar un inventario único de recursos marinos, no sólo los de importancia extractiva o comercial; actualizar la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar; otorgar concesiones pesqueras geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo ecosistémico y equidad social, preferentemente a comunidades y grupos adyacentes a los sitios de pesca; instrumentar programas de recuperación para recursos sobreexplotados y de manejo pesquero para todas las especies sujetas a aprovechamiento; crear la Ley General de Mares y Costas para cambiar el manejo de los ecosistemas costeros y marinos; y, finalmente, elaborar el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y establecer mecanismos ciudadanos y de transparencia que permitan supervisar la elaboración y el cumplimiento de la Carta Nacional Pesquera.