Biodiversidad
México se caracteriza por ser un país con una gran cantidad de especies de flora, fauna y ecosistemas que lo posicionan como uno de los países megadiversos en el planeta. Es gracias a esta biodiversidad que se puede cumplir con diversos derechos humanos, entre ellos, el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho humano a la alimentación y el derecho humano al desarrollo, entre otros; y es por ello que su protección y manejo sustentable revisten especial importancia.
No obstante lo anterior, cada año aumenta el número de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a la fragmentación de ecosistemas, la sobreexplotación de especies y el tráfico ilegal. Se calcula que, de las 81 mil 540 especies y subespecies descritas para México, más de dos mil están en alguna categoría de riesgo (peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial). Es fundamental revertir la pérdida de biodiversidad y para ello, algunos de los principales instrumentos son las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Corredores Biológicos. Actualmente, en el país existen 182 ANP federales, con una extensión de 908 mil 395.20 km2.
Las ANP se encuentran, desafortunadamente, en una situación de extrema vulnerabilidad en razón de la falta de personal, programas de manejo y presupuesto suficiente. Por otro lado, dado que buena parte de la biodiversidad se encuentra fuera de las ANP, se requiere de la implementación de otras estrategias para unir y/o garantizar su conectividad. En este sentido, el establecimiento de Corredores Biológicos, junto con los Hábitat Críticos y Zonas de Refugio, se presenta como una de las mejores opciones para complementar y robustecer la estrategia. Hasta la fecha, la figura de Corredor Biológico no está regulada en ningún instrumento nacional. Es necesario también, que se elaboren cuanto antes los programas de manejo para aquellas ANP que no cuentan con ellos, y que se actualicen y revisen los existentes si éstos tienen más de cinco años de haber sido expedidos.
Para velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en materia ambiental, se requiere fortalecer los instrumentos existentes para la toma de decisiones, así como lo relativo a los procedimientos de inspección, vigilancia y sanción, y a las instituciones responsables de llevarlos a cabo –la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) y las procuradurías estatales-. Es necesario también modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) a fin de garantizar el derecho al medio ambiente sano desde el estándar más alto de protección e incluir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como ejes articuladores y transversales de toda la política pública. Ello incluye a las actividades agropecuarias, pesqueras, silvícolas, mineras, energéticas, de desarrollo urbano y turístico.
Patrimonio biocultural
México es uno de los doce países megadiversos y, de acuerdo con nuestra Constitución, es un país pluricultural. Significa que es uno de los que poseen la mayor cantidad de diversidad de las plantas y animales existentes en el planeta y, además, que existen multiplicidad de pueblos y comunidades con diferentes visiones que deben ser tomadas en cuenta. Gran parte de esta diversidad se encuentra en territorio de comunidades indígenas, quienes han tenido una relación muy estrecha con su entorno, han conservado y han generado importantes conocimientos y prácticas culturales.
El manejo cotidiano de los pueblos indígenas y/o campesinos de los recursos naturales y ecosistemas dentro de los territorios donde se asientan, ha generado con los siglos el llamado patrimonio biocultural (PatBio), que se refiere, por una parte, a los elementos culturales indispensables para la forma de ser y estar indígena o campesina, y por la otra, a un añejo proceso de coevolución con los ecosistemas que habitan. A través del PatBio es posible visibilizar: (i) los profundos lazos entre pueblos indígenas y su medio ambiente; (ii) que los pueblos indígenas no hacen distinción entre recursos biológicos y culturales, los tratan de manera holística; y (iii) que la diversidad biológica depende directamente de las prácticas culturales de los pueblos indígenas y viceversa, esto es, que la cultura y medio ambiente no pueden ser separados, ni convertidos en mercancía (Boege, 2008).
Actualmente, el Estado mexicano se encuentra en omisión de expedir una legislación y una política pública bioculturalmente adecuadas para el campo, conforme a los estándares más altos de protección de los derechos humanos a la identidad cultural, el territorio y los recursos naturales tradicionalmente manejados, la salud, la alimentación y el medio ambiente sano de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Esta omisión se ha traducido en un patrón sistemático de violación de derechos humanos que debe terminar. Para contribuir a lograr la paz y el florecimiento de la Nación en general, y de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en lo particular, es necesario que el Estado mexicano en su conjunto proteja y fomente el PatBio con un enfoque de derechos, lo cual es posible si se construye e implementa una legislación y una política pública articulada y cimentada desde el sistema milpa, todo lo cual estamos impulsando desde nuestro trabajo en CEMDA.