CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire es un elemento necesario del derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el marco jurídico nacional de México -en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), donde se establece que se debe garantizar la conservación de varios elementos, entre los cuales está la protección a la atmósfera. En México, se estima que en 2015 cerca de 29 mil muertes y casi 558 mil DALY (años de vida ajustados por discapacidad), serían atribuibles a la mala calidad del aire.[1]
Para mejorar la calidad del aire, México requiere, entre otras cosas: a) Promover y garantizar mecanismos de transparencia, participación social y rendición de cuentas efectivos, que promuevan la actualización y la aplicación de las normas sobre salud y calidad del aire, con mecanismos de coordinación y participación de las diferentes áreas involucradas (salud, medio ambiente, hacienda, economía) y otros sectores (iniciativa privada, academia y sociedad civil); b) actualizar las normas de salud de contaminantes criterio, de acuerdo con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (NOM-026-SSA1-1993 NOM-025SSA1-2014, NOM-025SSA1-2014, NOM-023-SSA1-1993, NOM-SSA1-022-2010, NOM-021-SSA1-1993, NOM-020-SSA1-2014); c) actualizar las Normas de tecnologías para el control de emisiones en vehículos nuevos ligeros y pesados (NOM 042 y 044); d) garantizar la distribución en todas las gasolineras del país de Diésel Ultra Bajo Azufre (UBA); e) utilizar sistemas de diagnóstico de emisiones de contaminantes a bordo (OBD); f) actualizar los estándares de tecnología aplicables a los vehículos para que sean conformes con el modelo vigente en Estados Unidos y Europa (EPA10 y EURO VI); g) aprobar y actualizar las normas que regulan los vehículos en circulación, para ajustar sus valores a estándares de la OMS, que tiendan a reducir al máximo los impactos en salud y; h) establecer programas de monitoreo de calidad del aire eficientes que incluyan redes estatales integradas en un sistema nacional y que permitan medir la concentración de todos los contaminantes en el aire.
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es uno de los problemas más complejos y amenazantes que afronta la civilización actual. Sus efectos están reduciendo de manera significativa las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo y comprometiendo las metas de reducción de pobreza.[2]
México tiene el compromiso internacional de reducir en un 50% su emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2050, tomando como base su medición del año 2000[3]. De manera no condicionada, se compromete a reducir el 22% de GEI y el 51% de Carbono Negro, considerando una línea base de emisiones al 2030.[4] Sin embargo, de continuar con la tendencia actual, los sectores con mayor crecimiento y emisiones serían la generación eléctrica, con una tasa anual de crecimiento del 1.9% y el transporte con 3%. Además, 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados.[5] Se calcula que el cambio climático implica para México un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto (PIB)[6]. El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.[7]
Actualmente, en México existe un desequilibrio entre el desarrollo de políticas de mitigación y las de adaptación, por lo que resulta indispensable impulsar estas últimas de manera preventiva para potencializar sus beneficios y también reducir los costos (económicos, sociales y ambientales) asociados. En ese sentido, resulta fundamental dar prioridad al tema de Adaptación Basada en Ecosistemas, desarrollando medidas a partir de las características y ventajas comparativas que los ecosistemas locales ofrecen y que estén orientadas a ayudar a que las comunidades, ciudades y personas puedan adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.
La toma de decisiones de la política, las medidas y el presupuesto (Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de cambio climático) deben ser transparentes y señalar claramente montos bien definidos. Debe construirse un sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que facilite el seguimiento de resultados y la identificación de los recursos aplicados en combate al cambio climático. Asimismo, debe garantizarse la participación social en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Por otro lado, se debe promover una verdadera transición hacia la generación de energía por medio de fuentes renovables; implementar medidas de eficiencia energética a bajo costo; disminuir pérdidas en la distribución y transmisión; y fomentar el desarrollo de sistemas descentralizados de energías renovables para el suministro a las comunidades rurales.
Debemos seguir impulsado que el país cuente con una legislación específica y programas encaminados a la reducción de las emisiones de metano (CH4). Este gas tiene un acentuado efecto en el cambio climático debido a su efecto modificador del clima: 25 veces mayor -en un periodo base de 100 años – al del dióxido de carbono (CO2). Las reducciones de metano hechas hoy, pueden tener un efecto tangible en el cambio climático del mañana.[8]
ENERGÍA
México presenta grandes retos y oportunidades en materia energética. Por un lado, a pesar de la mayor inversión para extracción de petróleo en la historia, entre 2003 y 2012, las reservas probadas de petróleo -nuestro principal insumo energético-, disminuyeron 31.2%.[9] Al mismo tiempo, enfrentamos graves impactos a la salud y al medio ambiente derivados de la generación y uso de la energía a partir de los hidrocarburos. En términos de contribución al calentamiento del planeta, la producción de combustibles fósiles y su uso son los componentes más importantes de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya que aportan más del 60% de las emisiones totales. Por otra parte, las condiciones geográficas, geológicas y climatológicas de nuestro país le brindan un inmenso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables, con lo cual podría terminar con su dependencia del petróleo, combatir el cambio climático, y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
El Estado mexicano debe asegurar el cumplimiento de los objetivos encaminados a alcanzar el 35% de la generación de energía a través de fuentes limpias al 2024, así como garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París y las metas climáticas establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC por sus siglas en inglés) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
La transición energética debe fomentar proyectos que aseguren el acceso de toda la población a energías limpias, con redes inteligentes y suficientes; todo lo cual conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. Es imperioso el respeto a los derechos humanos de las poblaciones cuyos territorios se vean afectados por la implementación de proyectos energéticos, especialmente sus derechos al territorio, a la información, participación y consulta.
En el caso de los hidrocarburos no convencionales resulta indispensable realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de la explotación del shale gas, así como del petróleo en aguas profundas, que tomen en cuenta tanto los costos económicos, los impactos sociales y ambientales (externalidades), así como el costo de oportunidad de invertir en estos recursos fósiles no renovables frente a otras alternativas. Asimismo, se requiere promover la creación de un marco legal sólido y específico para este tipo de energéticos, regulando estrictamente las emisiones y fugas de GEI, especialmente de metano. Resulta prioritario que no se comprometa la cantidad y calidad suficiente de agua para uso personal y doméstico en la realización de proyectos de energía.
Se deben priorizar las energías renovables por encima de las “tecnologías de generación limpia” que incluyen las de ciclo combinado, energía nuclear y carbo-eléctricas con tecnología de captura y secuestro de carbono; e implementar proyectos de energía renovable con los menores impactos posibles en el medio ambiente y en la sociedad. Al respecto, se recomienda promover proyectos a pequeña escala, como la generación distribuida a nivel residencial y comercial, y evitar en lo posible el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable.
Finalmente, se requiere avanzar en el diseño e implementación de los instrumentos de política pública que permitan generar un entorno de mayor competitividad y certidumbre para las energías renovables, en un contexto de coexistencia respetuosa con las comunidades donde se desarrollen los proyectos, así como crear mecanismos eficaces para otorgar co-beneficios a sus habitantes en concordancia con sus necesidades de desarrollo, establecidas bajo mecanismos de participación efectiva y transparente[10].