El pleno disfrute de los derechos humanos incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua depende de los servicios que prestan los ecosistemas. La prestación de esos servicios depende de la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, que a su vez dependen de la diversidad biológica. Por consiguiente, el pleno disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica, y la degradación y la pérdida de diversidad biológica socavan la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos.

1. Expedir una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y pueblos.

Situación actual:

México es un país privilegiado en términos de su cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua. Además de sus 11 mil 122 km2 de litoral, cuenta con 15 mil km2 de lagunas costeras, 29 mil km2 de cuerpos de agua interiores, así como 757 cuencas, divididas en 653 acuíferos. Sus ríos y arroyos constituyen una red hidrográfica de aproximadamente 633 mil km de longitud y cuenta con 142 humedales de importancia internacional, con una superficie mayor a 8.6 millones de hectáreas. Sin embargo, la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua, así como los impactos generados por el cambio climático, ponen en riesgo el patrimonio hídrico nacional.

A pesar de la importancia que tuvo la reforma constitucional de febrero de 2012, en la que se reconoció al agua como un derecho humano, esto no ha sido suficiente para transformar la realidad. Prueba de ello es que las razones que justificaron la reforma, entre las que se encontraban la contaminación incesante, el continuo deterioro de los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos hídricos y su distribución desigual, así como la disminución de su disponibilidad, se mantienen e incluso empeoran. Asimismo, más de diez años después de la reforma, no se ha cumplido con el mandato constitucional de expedir la Ley General de Aguas Nacionales.

Las cifras nos permiten asegurar que estamos ante una profunda crisis hídrica a nivel nacional:

 

1. 1. Solo el 52.5% de la población goza de un suministro diario de agua potable en su vivienda;

1. 1. 8 de las 13 regiones hidrológicas administrativas del país cuentan con un alto grado de presión sobre el agua;

1. 1. Dos terceras partes del territorio se encuentra en situación de estrés hídrico;

1. 1. Más del 70% de las aguas superficiales presentan algún grado de contaminación;

1. 1. El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México pronostica que el día cero del Sistema Cutzamala llegará el 26 de junio del 2024.

1. 1. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) concluyó que la demanda aumentaría un 55% a nivel mundial entre 2000 y 2050.

1. 1. Las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con otros sectores poblacionales.

Propuestas:

Cumplir con el mandato constitucional de aprobar una Ley General de Aguas Nacionales que cuente con un enfoque transversal y progresivo de derechos humanos que permita llegar a la cobertura universal del recurso, así como mecanismos de acceso a la información, participación social, monitoreo social y rendición de cuentas que permitan una mejor gestión del agua conforme a la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas .

Respetar el ciclo del agua mediante esquemas de gobernanza basados en el manejo integral de la cuenca, así como reconocer que el agua es un bien de las personas y pueblos, cuya disponibilidad y calidad deben ser protegidas. Se debe concebir el agua y la protección del ambiente como una política de Estado prioritaria.

El uso social del agua debe contemplar el derecho a la consulta y a la participación en los beneficios. El conocimiento, respeto y garantía por parte del Estado sobre las diferentes visiones que existen en torno al manejo del agua debería ser el elemento integrador y la piedra angular en la construcción de los ordenamientos de planificación.

Privilegiar el consumo personal y doméstico sobre el consumo industrial, agrícola y comercial, con perspectiva de igualdad y tomando en cuenta las necesidades de los pequeños productores y los productores comunitarios y sociales.

Mantener instituciones técnicas e imparciales con los recursos suficientes para garantizar este derecho humano, en particular la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Priorizar la eficiencia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos para México en los próximos años.

2. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben contar con el presupuesto necesario para cumplir con su objetivo de garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida.

Situación actual:

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México son una pieza clave para afrontar la emergencia climática y proteger la biodiversidad del país. Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para este año 2024 apenas se tendrán 10.7 pesos por hectárea para su manejo y conservación.

El presupuesto público para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha mantenido una trayectoria descendente y se ha agudizado en los últimos tres años (2022-2024). En términos reales, este sexenio ha destinado 40.8% menos recursos que la anterior administración para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La evidencia muestra que las ANP son fundamentales para asegurar el derecho a un medio ambiente sano y para el bienestar social, por lo que es indispensable el fortalecimiento financiero de la Conanp para avanzar en la conservación de las ANP, sus ecosistemas y el cuidado de la gran biodiversidad que resguardan.

Propuestas:

 

1. 1. Acompañar el aumento de la superficie protegida del territorio nacional con un incremento del presupuesto público para garantizar el manejo y operación adecuada de todas las ANP;

1. 1. Asegurar el retorno del 100% de los ingresos generados por el cobro de derechos en las ANP a la Conanp. Durante el 2022 sólo se reintegró a dicha institución el 29% de lo recaudado por el uso y goce de los recursos naturales en las ANP.
      Avanzar en una mejor planeación, ejercicio y control del gasto público y reducir los contrastes existentes entre el presupuesto aprobado y el ejercido;

1. 1. Publicar los Programas de Manejo de las ANP en el tiempo establecido por la ley; esto es, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación;

1. 1. Fortalecer las capacidades de las y los operadores encargados de vigilar el cumplimiento de los programas de manejo de las ANP;

3. Se debe frenar la pérdida de biodiversidad y buscar ecosistemas saludables.

Situación actual:

La pérdida de biodiversidad tiene como principales factores la transformación de ecosistemas y la pérdida de los hábitats, lo que implica el deterioro de la estructura o función de los ecosistemas impactando a todas las especies, recursos naturales y servicios ambientales.

La protección de ambientes saludables a través de la conservación de espacios naturales, especies y de los procesos ecológicos necesarios para su supervivencia y diversidad debe estar reflejada en los instrumentos normativos y en la agenda ambiental.

En el informe conjunto de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se señala que una sociedad sostenible requiere un clima estabilizado y ecosistemas saludables. Sin embargo, actualmente el 96% de la biomasa en la Tierra está conformada por ganado y seres humanos, y las especies silvestres se encuentran amenazadas de extinción.

El tráfico ilegal de especies silvestres contribuye a la pérdida de biodiversidad, al fomento de la delincuencia organizada y a generar problemas de salud pública.

Propuestas:

 

1. 1. Cumplir de manera efectiva con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 2016-2030 y publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

1. 1. Crear una política de restauración de ecosistemas degradados en las agendas ambientales como medio para combatir los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad,  contribuyendo con ello al cumplimiento del objetivo 2 del Marco Global de Biodiversidad adoptado en el marco de la COP15 de Biodiversidad, de garantizar que al menos un 30 por ciento de las zonas de ecosistemas degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva.

1. 1. Impulsar la integración de la biodiversidad en los instrumentos de planeación territorial de todos los niveles.
      Establecer medidas de regulación especializada estricta para el comercio electrónico de especies silvestres y exóticas.

1. 1. Cumplir con el objetivo ‘30×30’, planteado en la COP15 de Biodiversidad del 2022, de conservar, al menos, el 30% de la tierra y los océanos para 2030.

1. 1. Revertir los procesos de deforestación que se estiman entre 170 mil y 180 mil hectáreas perdidas anualmente en el país.

4. El enfoque de cambio climático debe ser transversal en las políticas públicas a nivel
nacional y se debe priorizar la transición energética justa hacia fuentes renovables para lograr reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero, con garantías de transparencia y respeto a los derechos humanos.

Situación actual:

El cambio climático es la principal amenaza que enfrentan los ecosistemas y las personas en el planeta. Si la temperatura global rebasa los 1.5°C, las consecuencias serán catastróficas e irremediables, impactando los sectores económicos, sociales, culturales y ambientales.

Hasta la fecha, los gobiernos solo se han ocupado de la mitad del problema que representa la emergencia climática: la mitigación, pero muy poco se ha hecho para remediar los impactos negativos que dicha emergencia ya ha ocasionado, y cuyos principales afectados son las personas y comunidades más vulnerables.

En ese sentido, se debe priorizar el acceso equitativo a la información, a fin de que estas personas y comunidades puedan fortalecer sus capacidades para tomar decisiones informadas sobre sus estrategias de adaptación. Esto incluye proporcionar datos climáticos localizados, sistemas de alerta temprana y recursos financieros para proyectos de adaptación en áreas con alta vulnerabilidad social.

Los criterios de mitigación y adaptación ante el cambio climático deben ser los que rijan las políticas públicas a nivel nacional, máxime que México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con el 1.35% de las emisiones globales y es el segundo mayor emisor en América Latina.

Como parte de los compromisos internacionales de México, suscritos tanto en el Acuerdo Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático (AMNUCC) del año 1992, como en el Acuerdo de París del año 2015, nuestro país ha propuesto en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) actualizada (noviembre 2022), aumentar sus objetivos de mitigación: una reducción del 35% en las emisiones de GEI para 2030. Con relación al carbono negro, los objetivos incondicionales y condicionales para su reducción se mantienen en 51% y 70%, respectivamente. Si se asegura el apoyo externo, México se compromete a una reducción de GEI del 40% para 2030, aumentando su objetivo condicional anterior del 36 %.

El país requiere tomar acciones urgentes e inmediatas que le permitan cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales para hacer frente a la emergencia climática. De igual forma, debe combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Hay que recordar que la Ley de Transición Energética (LTE) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) mandatan llegar al 2024 con un 35% de energías limpias, situación que se antoja difícil de cumplir ante la política energética regresiva que ha tenido esta Administración federal al priorizar el gas, el petróleo, el carbón y el combustóleo por encima de la energías renovables.

Propuestas:

 

1. 1. Avanzar hacia una transición energética justa e incluyente con fuentes renovables, con garantías de transparencia y con respeto a los derechos humanos, en la cual los combustibles fósiles queden fuera del futuro energético de México, lo que incluye al carbón, al combustóleo y el mal llamado gas “natural”;

1. 1. Vigilar, desde las instancias gubernamentales responsables, que se cumpla con las disposiciones que regulan las emisiones de metano provenientes del sector hidrocarburos, principalmente de la quema de gas;

1. 1. Dejar de invertir en infraestructura fósil y promover renovables para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón;

1. 1. Impulsar una transición energética justa, socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, y que incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos;

1. 1. Implementar un Plan Nacional de Adaptación que diseñe y ejecute políticas públicas orientadas a proteger a la población de los impactos que ya está ocasionando el cambio climático. Facilitar procesos de planificación de adaptación dirigidos por la comunidad, asegurando la participación activa de grupos marginados en la toma de decisiones;

1. 1. Promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales;

1. 1. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles, así como reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles para canalizarlos a la transición energética, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático.

5. Garantizar el acceso a la justicia ambiental en los procedimientos ante autoridades administrativas y juzgadores.

Situación actual:

La actual concepción del desarrollo cierra el círculo vicioso que facilita la generación de daños a la naturaleza (externalidades) y dificulta el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo cual genera una constante disputa por la tierra, el territorio y el patrimonio natural. Dentro de las principales barreras para acceder a la justicia ambiental destacan:

 

1. 1. Sistema jurídico elitista ya sea económica o culturalmente, el sistema legal predominante es escrito, con un lenguaje complejo, técnico y en español, lo cual margina a un gran porcentaje de la población.

1. 1. Ineficaces mecanismos de participación pública, dado que las comunidades que viven en y dependen directamente de la naturaleza,  generalmente no son escuchadas de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

1. 1. Barreras geográficas y brecha tecnológica, lo cual dificulta de sobre manera acceder a las oficinas institucionales para presentar quejas o reunirse con las autoridades competentes.

1. 1. Política pública reactiva que trata de solucionar los problemas una vez que se presentan en vez de procurar prevenirlos contando con una visión de largo plazo y que procure abordar la prevención de daños ambientales y la seguridad de las personas desde diversos flancos.

1. 1. Corrupción y desconfianza en las instituciones del Estado, que en ocasiones es la causa subyacente de la nula aplicación o respeto a los derechos y obligaciones de contar con estudios de impacto ambiental o bien que no exista consulta previa e informada para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.

1. 1. Limitada efectividad de los Tribunales que carecen de herramientas o conocimiento especializado necesario para cumplir con su objetivo de garantizar la impartición de justicia en asuntos ambientales.

Propuestas:

 

1. 1. Consolidar los estándares de acceso a la justicia ambiental en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, para que éstos sean efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales, sin costos prohibitivos y con mecanismos de ejecución y de cumplimiento puntuales;

1. 1. Vigilar que la legitimación en defensa del medio ambiente sea activa y amplia, y que se cuente con medidas cautelares y provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente;

1. 1. Establecer mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, incluída la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales;

1. 1. Buscar la autonomía de las procuradurías ambientales, tanto la federal como las estatales para que no ostenten una relación jerárquica ni con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con los gobiernos de los estados;

1. 1. Transversalizar los estándares de acceso a la justicia del Acuerdo de Escazú y adecuar la legislación ambiental a los estándares internacionales, así como la observancia de los principios: in dubio pro natura, in dubio pro agua, mejor información disponible o protección elevada, transversalidad, función ecológica de la propiedad, equidad intergeneracional, entre otros;

1. 1. Ajustar los procedimientos administrativos y judiciales de acceso a la justicia ambiental acorde con las realidades y necesidades de las personas y comunidades más vulnerables, en particular, quienes sufren violencia por defender el patrimonio natural;

6. La Evaluación de Impacto Ambiental de las obras y actividades debe ser efectiva en la prevención, mitigación y minimización de los impactos negativos a los ecosistemas y su funcionalidad.

Situación actual:

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo para evitar desequilibrios ecológicos y el deterioro al ambiente, mediante la identificación, cuantificación y minimización de los impactos negativos que las obras y proyectos pueden generar en los ecosistemas, por lo que resulta ser un instrumento de política ambiental de gran importancia para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos.

Lamentablemente, la forma en que se implementa dificulta que cumpla con su objetivo de prevención, ya que en muchos casos las decisiones no se toman en función de criterios que protejan el ambiente y los derechos humanos, sino únicamente de los intereses económicos y políticos detrás de los proyectos. Adicionalmente, no se realiza una evaluación real de los componentes ecosistémicos, sociales y culturales que se estarían afectando, ni se establecen medidas adecuadas para la mitigación o reparación.

Propuestas:

 

1. 1. Adecuar el instrumento a los estándares internacionales para garantizar el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental;

1. 1. Lograr que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) no sea sólo un trámite sino una condición insoslayable para el desarrollo de actividades productivas incluso antes de obtener cualquier otra licencia o permiso de los tres órdenes de gobierno, considerando la capacidad de carga de los ecosistemas y los elementos que los conforman, ya sean naturales o introducidos por el hombre;

1. 1. Garantizar el acceso a la información ambiental como aspecto indispensable para el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. Por esta razón, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sus anexos, así como la información complementaria de los impactos que se están evaluando, los ecosistemas y demás componentes ambientales deben ser públicos.

1. 1. Lograr que los PEIA se caractericen por brindar certeza sobre los términos y tiempos para acceder al expediente y para participar en la consulta y en la reunión pública de información. Asimismo, los requisitos para solicitar la consulta pública deben ser claros, no contradictorios entre las diversas áreas y dependencias, y deben coadyuvar a garantizar la participación y acceso a la justicia ambiental;

1. 1. Elaborar MIA, resolutivos y PEIA con el suficiente rigor científico y técnico, en los que se hayan utilizado metodologías adecuadas y conformes con las disposiciones y criterios de regulación ambiental. Esto con el fin de asegurar que el proyecto o la actividad a realizar efectivamente no tendrá impactos negativos considerables;

1. 1. Inhibir las barreras de acceso a los procedimientos de consulta pública y generar mecanismos de participación ciudadana en cada una de las etapas del proyecto sujeto a evaluación ambiental;

7. Consolidar el acceso a la información y a la participación ambiental como el eje rector para respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Situación actual:

El acceso a la información y a la participación ambiental son el eje rector sobre el cual descansa el respeto y garantía del derecho a un medio ambiente sano. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de contar con los mecanismos e instituciones que garanticen dichos derechos de acceso para una adecuada toma de decisiones y acceso a la justicia.

Las autoridades tienen la obligación de organizar, actualizar y compartir la información ambiental, así como toda aquella relacionada con sus funciones que permita identificar riesgos ambientales y, como consecuencia, tomar decisiones para reducirlos o eliminarlos.

A pesar de la importancia del acceso a la información y a la participación ambiental, en los últimos tiempos se han mermado los mecanismos, las instituciones y la eficiencia de la participación activa. Esto ha tenido como efecto la falta de conocimiento respecto de los impactos sobre el medio ambiente, su fragilidad y grado de deterioro.

Propuestas:

 

1. 1. Asegurar que las instituciones, herramientas y procesos de acceso a la información ambientales sean efectivos y que se garantice el derecho de acceso a la información;

1. 1. Cumplir con los estándares y lineamientos de acceso a la información pública ambiental;

1. 1. Asegurar el acceso a la información sobre daños ambientales, lo que incluye la posibilidad de acceder a la información contenida en los PEIA, Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), procedimientos administrativos sancionadores y cualquier otro acto o procedimiento administrativo que conlleve o trate sobre la posibilidad de un daño y/o riesgo ambiental;

1. 1. Generar los espacios de participación informada en los asuntos ambientales y eliminar las barreras para el ejercicio de este derecho;

1. 1. Asegurar la participación activa, oportuna y efectiva en los procedimientos administrativos sancionadores ambientales sin mayores limitaciones que las de acreditar un interés legítimo o el carácter de denunciante cuando dichos procedimientos se originan por la denuncia;

1. 1. Generar mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos de CUSTF y cualquier otro que conlleve o trate sobre la posibilidad de un daño y/o riesgo ambiental;

1. 1. Transversalizar los estándares de acceso a la información y participación ambiental del Acuerdo de Escazú;

8. Garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente.

Situación actual:

La organización internacional Global Witness ha reportado que América Latina es la región más peligrosa para ejercer la labor de defensa del medio ambiente, pues en ella se produjeron el 88% de los asesinatos a nivel mundial de personas defensoras.

En México las personas defensoras del medio ambiente son objeto de agresiones, tales como amenazas, agresiones físicas, criminalización, desaparición, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos. Durante el año 2022, el CEMDA documentó al menos 197 eventos de agresión y 582 agresiones diversas en contra de personas y comunidades defensoras del medio ambiente. Dentro de estas agresiones, 24 de ellas resultaron letales. En los últimos 9 años han sido asesinadas 148 personas defensoras a causa de su labor.

Propuestas:

 

1. 1. Generar una política de prevención, protección y cero tolerancia de agresiones a personas defensoras que además esté acorde a los estándares internacionales de protección de derechos humanos y del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)

1. 1. Impulsar medidas de reconocimiento de la labor de defensa del medio ambiente mediante campañas de comunicación y sensibilización de la opinión pública;

1. 1. Diseñar e implementar medidas para promover, prevenir y proteger los derechos de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente y garantizar un entorno seguro para evitar agresiones a causa de su labor;

1. 1. Diseñar e implementar medidas efectivas para investigar y sancionar agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras.
      Consolidar y fortalecer el Mecanismo Gubernamental de Periodistas y Personas Defensoras, asegurando que se cuente con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios;

1. 1. Asegurar la debida implementación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la Justicia, acceso a la Información y la debida participación del público en la toma de las decisiones ambientales, del cual México es parte;

9. Transitar hacia una economía circular

Situación actual:

En México, el modelo actual de desarrollo se basa en una economía “lineal” que se caracteriza por la extracción, consumo y disposición en masa. Este fenómeno ha aumentado la presión ejercida sobre el medio ambiente por la actividad económica. La desigualdad, el nivel de urbanización y el régimen jurídico son también causales que tienen una importante influencia en la presión sobre el patrimonio natural para satisfacer el consumo de la sociedad.

Existen diversas disposiciones constitucionales que sirven de sólido fundamento y abren las posibilidades para generar sinergias e impulsar la transición hacia una economía circular, siendo que varios instrumentos legales ya consideran elementos de economía circular como aspecto fundamental para promover la productividad, gestionar los residuos, y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Sin embargo, no hay ley de alcance nacional sobre Economía Circular y se carece de una política transversal con una visión de modelo de desarrollo unificado que facilite la transición hacia ésta. Además, los mecanismos y procedimientos de implementación que permitan hacer operativas disposiciones legales estratégicas, son aún incipientes; por ejemplo, instrumentos económicos que apliquen el principio quien contamina paga/quien conserva se beneficia. De hecho, la legislación mexicana se enfoca en establecer impuestos al trabajo o a la generación de riqueza en vez de gravar las externalidades y la contaminación.

Transitar a una economía circular puede ayudar a reducir en un 40% las emisiones en el 2050 cuando se aplica a los sistemas de producción de cemento, acero, plástico y aluminio, y hasta un 49% cuando se aplican al sistema alimentario . América Latina y el Caribe puede ser la región que más se beneficie de esta transición, con más de 10 millones de nuevos empleos, especialmente en el sector de los servicios y el reciclaje;

Propuestas:

 

1. 1. Diseñar e implementar una política nacional de economía circular, con un enfoque preventivo e integral, que contenga medidas de comando y control necesarias, complementadas con incentivos para fomentar el rediseño de modelos de negocios y los procesos productivos hacia la circularidad;

1. 1. Contar con el marco legal necesario para evitar incentivos perversos para la generación de productos contaminantes innecesarios;

1. 1. incentivar la perspectiva de circularidad y desincentivar la obsolescencia programada;

1. 1. Regular la Responsabilidad Extendida del Productor y contar con un registro de bienes y prestadores de servicios circulares;

10. Garantizar la preservación y aprovechamiento sostenible de nuestros mares y costas, cuidando el bienestar de los hombres y mujeres del sector pesquero y acuícola.

Situación actual:

México cuenta con 11,500 km de litoral repartido en 17 estados, y una extensión de zona económica exclusiva de 3,149,920 km2 (incluyendo mar territorial e islas). Esta extensión territorial alberga una diversidad de ambientes, especies y recursos naturales marinos y costeros que son aprovechados a través de actividades económicas que necesitan implementar modelos de sostenibilidad que garanticen tanto el beneficio para los sectores productivos, el bienestar de las comunidades, y el mantenimiento de los procesos ecológicos de la zona marino-costera.

La actividad pesquera y acuícola son de las actividades económicas de mayor importancia cultural y social en el país. Representan el medio de sustento directo de más de 300 mil personas mientras que otras más de 2 millones se benefician de manera indirecta en los 17 estados costeros del país.

Es fundamental garantizar que hombres y mujeres del sector pesquero y acuícola vean reflejados en su vida cotidiana los beneficios de realizar una de las actividades económicas más importantes del país, garantizando a la par la preservación de los ecosistemas y el mantengan o incremento de su productividad mediante acciones coordinadas de manejo, restauración y aprovechamiento sostenible.

Por otro lado, el cambio de uso de suelo en la zona costera debido al crecimiento inmobiliario y turístico no ordenado ha propiciado la pérdida de ecosistemas y sus servicios ambientales, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades costeras locales ante los efectos del cambio climático aunada a la pérdida de su calidad de vida.

La privatización de espacios de disfrute público, como las playas, está promovida por una falta de fortalecimiento del marco regulatorio que garantice los derechos de acceso a las personas y establezca los mecanismos para promover la corresponsabilidad de uso, disfrute y protección entre los involucrados.

Es necesario promover un manejo costero integral y fortalecer las políticas públicas que garanticen un crecimiento ordenado y el uso responsable de la zona costera.

Propuestas:

 

1. 1. Emitir una Norma Oficial Mexicana que regule las plantas desalinizadoras, su actividad y el manejo de sus residuos.
      Implementar un Programa de monitoreo y vigilancia coordinado entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina;

1. 1. Implementar un Programa Nacional de Conservación y Restauración de Humedales con especial enfoque en los manglares y bosques de galería;

1. 1. Impulsar el manejo integral de la pesca o basado en el ecosistema;

1. 1. Revisión y actualización de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) y su reglamento, así como su homologación y armonización con otras leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y Ley General de Cambio Climático (LGCC);

1. 1. Dar certeza legal de la tenencia o concesión del territorio insular a cooperativas y/o comunidades pesqueras del Noroeste de México;

1. 1. Promover la conservación de hábitats críticos para la pesca (Zonas de refugio pesquero, protección de arrecifes y especies clave);

1. 1. Crear la Ley General de Mares y Costas que fundamente la estrategia nacional con una visión de ordenamiento ecológico y desarrollo sustentable, y establecer la debida coordinación entre las dependencias que intervienen en la gestión de la franja costera y del mar patrimonial;

1. 1. Fortalecer la coordinación intersecretarial para la atención de comunidades pesqueras;