Presenta México una NDC ambiciosa, el reto será la implementación

El día de ayer, 18 de noviembre, ocurrió un hecho esperado por la comunidad climática de México desde hace varios meses: fue presentada en la COP30 en Belém la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de México, conocida como NDC 3.0.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien estuvo acompañada por varios de los funcionarios involucrados en la elaboración de este instrumento, así como representes de la academia y la sociedad civil quienes participaron activamente en su elaboración, tanto con apoyo técnico como con opiniones y sugerencias para fortalecer este importante instrumento. Algunas de las organizaciones participantes son Iniciativa Climática de México (ICM), Polea y Oxfam México.

Bárcena recordó que México contribuye apenas con el 1.5% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a nivel mundial; sin embargo, reafirmó el compromiso de nuestro país para contribuir a frenar el cambio climático.

La NDC es el “contrato climático” de México, como lo llrector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascurain, a través del cual nuestro país se compromete a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Al respecto, la secretaria afirmó que en esta ocasión, la NDC establece metas absolutas de emisiones para 2035, en lugar de porcentajes relativos, fijando una cidra de reducción de 404 mega toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), en un escenario no condicionado y 364 en un escenario condicionado.

Un aspecto novedoso de la NDC es que incorpora tres nuevos componentes: a) Pérdidas y daños, b) Medidas de implementación y entorno habilitador y c) Temas transversales de derechos humanos para comunidades vulnerables. En el caso de Pérdidas y daños se destacó la atención inmediata frente a desastres, la reconstrucción resiliente (aseguradoras), así como las pérdidas económicas intangibles. Respecto de los medios de implementación se habló de planeación estratégica y financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, así como armonización normativa y coordinación institucional.

Algunos focos rojos que debemos señalar como CEMDA son:

Habló de que se impulsarán los vehículos híbridos puesto que aún no tenemos la infraestructura necesaria para centrarnos en vehículos eléctricos.
Habló de explorar la posibilidad de incorporar ciertos porcentajes de etanol en las gasolinas, únicamente en ciudades pequeñas pues recordó que el etanol produce ozono y eso en las grandes ciudades agrava la contaminación.
No se hizo mención al gas fósil ni se fijó una postura respecto de los múltiples proyectos de infraestructura de gas que existen actualmente en diversas zonas del país.

Cabe señalar que un momento muy relevante durante la presentación de la NDC fue cuando la secretaria Bárcena pidió que se escuchara “una voz crítica” e invitó a nuestro director ejecutivo, Gustavo Alanís a que diera su opinión sobre la NDC. Alanis Ortega fue puntual en pedir congruencia ante lo presentado la noche del 18 de noviembre en la COP30, pues se refirió que en la práctica, existen políticas públicas que van en sentido contrario a los compromisos de acción climática. Entre dichas políticas se encuentran la introducción permitida de autos “chocolate” viejos y contaminantes, la utilización del presupuesto federal del Anexo 16 -destinado a mitigación del cambio climático- a obras como el Tren Maya, así como a la secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, pidió que si estamos hablando de “que no haya fracking… pues que no haya fracking”, pues en el Plan Estratégico de Pemex se habla de retomar esta actividad que oficialmente está prohibida en el país.

Foto: Gustavo Alanís durante la presentación oficial de la NDC 3.0 de México en la COP30, en Belém, Brasil

Foto: Presentación de la NDC 3.0 de México en la COP30 en Belém, Brasil, a cargo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Hay vida más allá del petróleo

¿De qué forma ayudamos a las comunidades que viven y dependen económicamente del petróleo a salir de esta dependencia y lograr una transición económica justa? Esta fue una de las reflexiones que se realizaron en el panel Retos de la transición energética justa en países petroleros que se realizó el 18 de noviembre en la COP30, en Belém.

En el evento convocado por el Natural Resources Governance Institute (NRGI), Ana Carolina González Espinosa, Directora Senior de Programas de esta institución, presentó un estudio en el cual se muestra que ya se vive el declive de la producción petrolera en el mundo, y mostró los casos de Colombia, Nigeria, Ghana, Perú, Túnez y México. Sobre este último, apuntó que en el estado de Campeche, la producción nacional cayó un 44% entre los años 2000 y 2004, por lo que hacia 2024 se han registrado pérdidas de empleo y migración juvenil.

Frente a este panorama, señaló que es importante que los países dependientes de los hidrocarburos avancen hacia una diversificación incluyente y sostenible, para regular una salida responsable de los combustibles fósiles que incluya una ruta específica. En dicha ruta es fundamental incluir a las comunidades en la toma de decisiones e incluir siempre una visión transversal de derechos humanos.

Al hablar del caso de México, Gustavo Alanís, director ejecutivo del CEMDA, explicó que estados como Tabasco, Campeche y Veracruz, han dependido del petróleo por décadas y actualmente existe escasa diversificación de la actividad productiva por lo que existe desempleo en la región. Asimismo, existe una relación cada vez más tensa entre las comunidades y Pemex por los impactos ambientales y sociales, así como por la falta de transparencia respecto de los proyectos que se instalan en los territorios.

Destacó que es necesario involucrar a las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas para que puedan transitar hacia proyectos locales de energías renovables y otros como el turismo ecológico, por ejemplo. Finalmente, señaló que se deben hacer cambios al marco jurídico y de política pública para pasar de territorios extractivistas y zonas de sacrificio a zonas que puedan liderear la transición energética.

Foto: Gustavo Alanís en el panel Retos de la transición energética justa en países petroleros que se realizó el 18 de noviembre en la COP30, en Belém.

Exhibir a los contaminadores para hacerlos pagar

Dado que esta cumbre climática está siendo considerada “La COP de implementación”, muchos de los eventos están reflexionando en torno a cómo lograr que los acuerdos las regulaciones que ya existen se apliquen en la práctica y se cumpla con ellos.

Para discutir en torno a esto, CEMDA participó en el panel Corporate Accountability for Climate Action: From Pledge into Practice, que tuvo lugar en el Asia Pavilion, a invitación de nuestros amigos de Solutions for Our Climate (SFOC), Corea del Sur, en donde los panelistas coincidieron en que los entes regulados del sector privado no están reportando sus emisiones de forma clara y tenemos grandes desafíos en lo que se refiere a hacer que se cumpla con las disposiciones normativas en esta materia (enforcement). El consenso es que la información se entrega incompleta y las autoridades no tienen los recursos, técnicas o herramientas necesarias para monitorear adecuadamente las emisiones de las empresas, por lo que se confía en el auto reporte (self-reporting), que en la mayoría de los casos queda por debajo de las cifras reales de emisiones.

Desde el sector privado se reconoció que las empresas necesitan sistemas robustos para poder entregar reportes más acordes con la realidad y avanzar en los retos que implica la descarbonización. Señaló que algunos de los elementos que facilitarían su trabajo es tener certeza regulatoria, adecuada traducción de los mecanismos regulatorios, así como comprometerse con el monitoreo de emisiones a lo largo de toda la cadena productiva, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas de las que obtienen insumos primarios u otros servicios.

Gustavo Alanis, director ejecutivo de CEMDA, puntualizó que, en el caso de América Latina y, particularmente de México, el Acuerdo de Escazú es un instrumento legal muy útil para avanzar en el reporte de emisiones del sector privado, puesto que incluye elementos relevantes que se pueden aplicar como el hecho de que se revierta la carga de la prueba. Lo mismo sucede con aspectos que se incluyen en las recientes Opiniones Consultivas de las cortes, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Corte de Justicia Internacional, las cuales fortalece la obligación para los entes privados con relación al debido proceso y al principio de “el que contamina paga”.

Foto: Gustavo Alanis en e panel Corporate Accountability for Climate Action: From Pledge into Practice