
El 1 de mayo es el día de celebrar al movimiento obrero, de poner sobre la mesa lo mucho que nos falta para alcanzar justicia para los trabajadores y de renovar fuerzas para la lucha en ese sentido. El sector ambiental no debe quedarse fuera, porque también en los empleos verdes privan las injusticias. Sin ir muy lejos, si en la economía nacional en torno al 30 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, esa cifra crece hasta casi 75 por ciento entre los trabajadores recolectores de basura según el informe Residuos sólidos en México: una evaluación del marco jurídico y de política pública desde una perspectiva climática, publicado en 2024 por el CEMDA.
El sector de los residuos en México depende de personas pepenadoras, campaneras, barrenderas, recolectoras y otras personas trabajadoras que están en las sombras y que enfrentan no solamente estigmas sociales, sino también una situación laboral terriblemente precaria. De entrada, por la desinversión crónica en el sector de residuos en México rara vez tienen el equipo necesario para lidiar con los residuos con seguridad. Desde el vidrio o el aluminio, que producen un sinfín de heridas, hasta residuos que pueden ser inflamables o tóxicos, su situación es muy delicada.
A esto hay que sumar el hecho de que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un sueldo establecido y constante. Al contrario, lo más común en varios estados es que vivan de las propinas y cobros acordados con los privados. Esta situación es ya grave en entidades con una tasa relativamente baja de informalidad —en Tabasco o en Sonora solamente el 30 por ciento de los trabajadores del sector residuos está en esta situación—, pero lo es tanto más en lugares como Guerrero, Tlaxcala o San Luis Potosí, donde no hay trabajadores formales en el sector residuos.
Los sueldos que ganan esas personas trabajadoras, además, son notoriamente bajos. Las personas dedicadas a recoger y procesar la basura del país ganan en promedio 4 540 pesos, lo que es menos de la mitad del ingreso promedio a nivel nacional y está muy por debajo de lo necesario.
Corregir esta situación es importantísimo tanto por los impactos ambientales de lidiar en forma tan desordenada con los residuos que producimos, como por una cuestión de justicia elemental. El Estado debe invertir en el manejo de los residuos, mejorando los procesos de recolección, equipando en forma adecuada los sitios de disposición final e impulsando la economía circular. El éxito de esas medidas pasa necesariamente por corregir la situación de los trabajadores del sector.
Trabajar con las comunidades y personas vinculadas al sector de los residuos implica tomar una serie de medidas complementarias y diferentes, pero todas fundamentales. La Organización Internacional del Trabajo ha impulsado desde hace tiempo la posibilidad de que se conformen cooperativas de recolección de residuos anidadas en un sistema más amplio que combine procesos al interior de las plantas productivas, una normatividad más estricta y la inversión pública en instalaciones, normas y mercados.
La lucha ambiental debe ser también una lucha por los derechos de todos y por la justicia social. Los trabajadores del sector de residuos no deben ser la excepción: el 1 de mayo debe ser también verde.