• Abre la CIDH por primera vez espacio para hablar de temas como calidad del aire
• Recomienda incluir a sociedad civil en diseño y ejecución de políticas públicas ambientales

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Mexico D. F., a 27 de octubre del 2011.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco, Bicitekas y Red por los Derechos de la Infancia en México, formaron parte de la reunión de trabajo que se llevó a cabo el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la cual se denunció que la política ambiental mexicana viola derechos fundamentales, además de ser técnicamente equivocada, no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, o bien, no se cumple.

Al término de la reunión, la CIDH recomendó al Estado mexicano incluir de forma más activa a la sociedad civil durante el proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas ambientales. De igual forma, apuntó que es necesario que se formen mesas de trabajo para avanzar en los temas pendientes denunciados en dicho foro, como los relacionados con la falta de cumplimiento y actualización de las normas para mejorar la calidad del aire en el país.

Andrea Cerami, abogado del CEMDA quien representó a la organización en la reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Washington, consideró que la importancia de este evento radica en que “por primera vez la CIDH abre el espacio para que organizaciones de México presenten temas vinculados con el derecho humano a un medio ambiente sano, particularmente considerando la calidad del aire como un derecho que el Estado está obligado a garantizar”.

Entre los temas que se expusieron ante la CIDH se encuentran el incumplimiento de la Norma 086 por la falta de distribución de Diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional, así como el retraso en la actualización de las normas 042 y 044 que establecen límites de emisión de contaminantes criterio como el monóxido de carbono y las partículas suspendidas, para vehículos ligeros y pesados, respectivamente. Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México se producen 14 mil muertes anualmente asociadas con la contaminación ambiental. Esta cifra se ha elevado con relación a las 9 mil muertes reportadas por la OMS durante 2009.

Con relación al derecho al agua, se denunció que a pesar de los anuncios gubernamentales, el acceso a agua potable en nuestro país sigue siendo un tema pendiente, pues existen comunidades que no cuentan con la infraestructura y las fuentes para su abastecimiento son contaminadas impunemente por diversos agentes. Se señaló que existen casos de extrema omisión gubernamental en los cuales el gobierno antepone intereses económicos y políticos a los derechos humanos.

Se citaron casos específicos de contaminación “grave y tóxica” de los cuerpos de agua, como ocurre en el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla. Sobre el Valle de México se denunció que el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provocan el desecamiento de la cuenca. Además -apuntaron- “se causan hundimientos de hasta 40 cm anuales que, combinados con la deficiente infraestructura y con la política de bombeo a contrapendiente por ríos elevados que cruzan sobre zonas densamente pobladas, provocan que regularmente las aguas negras se desborden sobre la población, violando masivamente los derechos humanos a la vida, salud, propiedad, desarrollo, educación, trabajo, medio ambiente y vivienda, entre otros”. En esta zona del país existen por lo menos 200 mil personas de bajos recursos afectadas directa y recurrentemente por las inundaciones.

En el texto leído durante la reunión de trabajo se expuso que si bien en general “en México existen diversos espacios de participación para la sociedad civil sobre política ambiental esos espacios no funcionan debidamente a causa del bajo perfil de los funcionarios que asisten, a su rápida rotación, a la lentitud de los procesos, al largo intervalo temporal entre las reuniones y a la poca capacidad de decisión de los asistentes”.

Otro tema abordado fue el relacionado con la tierra, el territorio y el acceso a los recursos naturales. Se citó el caso de la presa el Zapotillo en el estado de Guanajuato como ejemplo de la falta de información, consulta y participación de las comunidades afectadas sobre los proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales, la cual es realizada con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Finalmente, se denunció que en México “el acceso a la justicia en materia ambiental no es eficaz; además de que no existen mecanismos de defensa adecuados para su efectiva justiciabilidad. Y cuando se logra una sentencia favorable no se cumple”. Como ejemplo se citó el caso del Acueducto Independencia, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el cual, a pesar de la existencia de una sentencia que ordena la suspensión de la obra, las autoridades estatales continúan su construcción.

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