•  Considera que el caso reúne requisitos de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”.
• Pide al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los defensores de la Tribu Yaqui.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el pasado 18 de mayo que decidió otorgar medidas cautelares a favor de los defensores de la Tribu Yaqui que encabezan la defensa en contra de la construcción y operación irregular del Acueducto Independencia en Sonora.

La CIDH señala en el oficio dirigido a los miembros de la Tribu Yaqui, que “considera que el asunto reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” contenidos en el artículo 25 de su reglamento y, en consecuencia, solicita al Estado mexicano que:

a)Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes de la Tribu Yaqui, con mención específica a tres de ellos;

b)Adopte las medidas necesarias para garantizar que los integrantes de la Tribu puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos para el ejercicio de sus funciones;

c)Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e

d)Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

La solicitud de medidas cautelares fue presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ante la CIDH el 20 de diciembre de 2013, pidiendo que se requiriera al Estado mexicano “garantizar la vida e integridad personal, la salud y la integridad cultural y territorial” de las comunidades Vicam, Cócorit, Belem, Bácum y Potam, pertenecientes al Pueblo Yaqui, en el estado de Sonora.

“La resolución de la CIDH constituye una victoria fundamental para nosotros pues es el reconocimiento internacional por parte de una institución emblemática en la defensa de los derechos humanos, de que nuestra lucha por el acceso al agua es legítima y de que nuestra vida e integridad se encuentran amenazadas por la persecución que ha emprendido y permitido contra nosotros el Estado mexicano”, señaló Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui.

Cabe recordar que a raíz de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de mayo de 2013 a favor de la Tribu Yaqui[1] se han incrementado las acciones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Sonora en contra de los defensores de la Tribu y el 11 de septiembre pasado fueron detenidos y encarcelados Mario Luna -vocero entonces de la Tribu- y Fernando Gutiérrez Jiménez, integrante y defensor de la misma, acusados de delitos que no cometieron.