Foto: David Eliud Gil Samaniego Maldonado

La labor de  defensa de los derechos humanos en México es indispensable para garantizar procesos de paz, justicia, dignidad y democracia. El Acuerdo de Escazú obliga a los gobiernos a garantizar entornos seguros y propicios en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad. La violencia que se ejerce en contra de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente se presenta como uno de los grandes desafíos para México. Esta violencia no sólo continúa, sino que se recrudece y está presente en casi todos los territorios de este país biodiverso y pluricultural. 

En México la violencia no se detiene. Nuestro país es parte de la región más peligrosa para ejercer la labor de defensa del medio ambiente y el territorio. La violencia que se ejerce en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales es preocupante. Lo es, sobre todo, para hombres y mujeres que habitan los territorios, pues busca silenciar, desarticular, inhabilitar, causar desánimo y menoscabar las resistencias. A pesar de eso, y de cara a las violencias y a contextos adversos, las personas y comunidades defensoras resisten.

Tomando en cuenta lo anterior, surge la necesidad de reconocer la labor y honrar a las personas y comunidades que conservan sus modos de vida buenos, que protegen sus territorios e impulsan procesos organizativos para la defensa del medio ambiente y de los bienes naturales que sostienen la vida en nuestra Madre Tierra.

En el CEMDA hemos documentado desde el año 2014 la violencia que se comete contra las personas que protegen y defienden nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio. Esta información se publica anualmente en el Informe sobre la situación de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. 

Adicionalmente, CEMDA brinda asesoría legal y acompañamiento en casos donde se han presentado violaciones a los derechos humanos a causa de proyectos o actividades que degradan al medio ambiente, para que, a través de precedentes judiciales, se moldeen los mecanismos legales actuales y se tenga acceso más directo y oportuno a la justicia ambiental.