El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)  hicieron llegar a Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, una Comunicación sobre las violaciones a derechos humanos de las que ha sido objeto el defensor ambiental y de derechos humanos, John Joseph Moreno Rutowski, por parte del gobierno de Baja California Sur (BCS).

John Moreno es un ciudadano mexicano y estadounidense, así como indígena  Lakota Siux, residente en Todo Santos, quien se ha involucrado directamente en los casos de defensa legal contra las posibles afectaciones ambientales de proyectos mineros y de desarrollo inmobiliario costero, Los Cardones en la Reserva de la Biósfera “Sierra de la Laguna” y “Tres Santos” en la delegación municipal de Todos Santos, BCS.

Ambos casos tienen la constante de irregularidades técnico-jurídicas en los permisos y/o autorizaciones expedidas, que han derivado en la interposición de acciones legales. En el caso de “Los Cardones” se logró la nulidad de su autorización en materia ambiental en marzo de este año, mientras que el asunto del desarrollo inmobiliario “Tres Santos” continúa actualmente en litigio.

En los últimos meses, los habitantes de BCS han sufrido un deterioro en lo que respecta al goce de sus derechos humanos. Incluso se han producido acciones de despliegue de la fuerza pública (granaderos) contra movimientos sociales de defensa del patrimonio natural, como lo ocurrido en febrero de 2016, donde Moreno Rutowski estuvo presente.

Las organizaciones expusieron al Relator que el gobierno estatal de Baja California Sur ha hecho “un mal uso deliberado del derecho penal y ha manipulado el poder punitivo para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho de defender los derechos humanos, pues la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”. El propio Relator de personas defensoras de los derechos humanos de Naciones Unidas evidenció en su misión a México en enero de 2017 que ésta era, desafortunadamente, una práctica recurrente del Estado mexicano en sus distintos niveles.

Cabe añadir que la detención de John Moreno se llevó a cabo a pesar de que es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado de su situación de riesgo por la labor de defensa de los derechos humanos ambientales que desempeña.

Ante tales hechos, organizaciones y personas de la sociedad civil enviaron el 17 de julio de 2017 una carta al gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, manifestando su preocupación por el encarcelamiento de John Moreno, sin que a la fecha hayan obtenido una respuesta formal a la misiva.

Por todo lo anterior, los firmantes solicitaron a la Relatoría Especial emitir un llamamiento urgente al Estado mexicano y solicitarle información sobre las medidas adoptadas para atender de manera integral las agresiones a personas defensoras de derechos humanos como el señor John Moreno, así como información sobre la implementación de los megaproyectos en cuestión que han provocado conflictos socio-ambientales.

La misiva fue enviada con copia a John Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; a Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como, a los Miembros del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

---