Una de las agendas más importantes que CEMDA trae a la COP30 es la mitigación de emisiones de metano, pues es una apuesta segura para frenar más rápido y con mejores resultados el calentamiento global.

El día de hoy, con apoyo de nuestro socio, Global Methane Hub, participamos en el panel Mind the Methane Gap: Fixing Methane Emission Inventories and Rules in Latin America’s Energy Sector que se llevó a cabo en el pabellón de Super Pollutants, en la zona Azul, de la COP30, en Belém.

En el evento participaron las organizaciones Arayara, de Brasil, la fundación Heinrich Böll, representación de Colombia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Chile, así como nuestro director ejecutivo, Gustavo Alanís, representando a CEMDA y la visión de México.

Uno de los temas en los que hubo coincidencia es que las emisiones de metano en nuestros países están subreportadas y no existen metodologías homogéneas entre cómo se están midiendo las emisiones y cómo se están reportando. En Brasil se habla de un 72% de diferencia entre lo que reporta su inventario nacional y lo que informa el Methane Tracker de la Agencia Internacional de Energía (IEA). En el caso de México es el mismo porcentaje de Brasil (72%), Colombia 120% y Chile 67%.

Gustavo Alanís explicó que si bien México es pionero en cuanto a la regulación de emisiones de metano, también destaca por las inconsistencias y la falta de cumplimiento de dicha regulación. Añadió que en México el sistema de reporte es incompleto y un problema es que se basa en las Cédulas de Operación Anual (COAs), donde los entes regulados voluntariamente informan sus emisiones y esto no es verificado, por lo que no existe garantía de que sean las que efectivamente están produciendo. Asimismo, existe una falta de transparencia por parte de la autoridad para informar cuál es el monto real de estas emisiones. 

Por ello, señaló que se requiere pasar de la Prevención Declarativa a reportes que sean vinculantes, obligatorios, directos, continuos y verificables. También destacó la importancia de que se use la información satelital para verificar los montos de emisiones y que éstas se reporten por instalación.

En el caso de Colombia, Santiago Aldana expuso que existe una debilidad en el marco de emisiones y un retraso institucional en los mecanismos de verificación puntual que pueden reconocer estas emisiones. Otro problema es que no todos tienen obligación de reportar, por lo que se generan discrepancias importantes, por ejemplo, en lo que se refiere a las emisiones fugitivas de la minería de carbón. Otra contradicción es que la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Colombia habla de reducir emisiones 30% para 2030, pero al mismo tiempo tiene metas para que la mayoría de sus vehículos utilicen gas.

Camila Mercure de FARN, explicó que para el caso de Arginina, hay un Plan de Transición Energética al 2030 que, si bien tiene medidas para mitigación de metano, también tiene serias contradicciones frente a las políticas actuales de gasificación del país. Coincidió con los otros casos en que se requiere que haya vigilancia y sanción en cuanto a lo que se reporta y, en este sentido, el Acuerdo de Escazú será fundamental para pedir que haya transparencia en los reportes.