Foto: Carlos Aguilera “el náufrago”

México cuenta con  una extensión de 11,592 km de litoral, que lo posiciona en el quinto lugar en América y el treceavo a nivel mundial y una zona marítima de jurisdicción de 236 millas náuticas mar adentro.  Su ubicación geográfica y evolución geológica deriva en una gran diversidad de ambientes, biodiversidad y procesos ecológicos, particulares para cada región costera.  Aunada a esta gran diversidad, en los litorales interactúan diversos sectores económicos, poblaciones costeras, personas usuarias de estos espacios,  haciendo uso y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, por lo que se complejiza la administración de las zonas costeras y los mares mexicanos.  

En este sentido, el marco legal mexicano relacionado con la gestión de los mares y costas se encuentra fragmentado en diversos instrumentos normativos y bajo la administración de diversas instancias tanto a nivel municipal y federal que tienen competencias relacionadas con el manejo de estas zonas, lo cual supone un desafío para lograr un manejo integrado de este patrimonio natural.

Las principales problemáticas ambientales en costas y mares está relacionada con la degradación y pérdida de ecosistemas por actividades humanas, erosión de la línea de costa, cambio de suelo de suelo asociado al establecimiento de proyectos turísticos e inmobiliarios, contaminación, actividades económicas como el turismo o la pesca no sostenible, y el aumento de la vulnerabilidad ante riesgos naturales. Lo anterior dado en contexto de cambio climático.

Adicionalmente, nuestro país destina menos del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia y tecnología, lo que dificulta la generación de políticas públicas medioambientales con un fuerte componente técnico-científico.

Para contribuir a una gestión adecuada de mares y costas mexicanas, consideramos necesario, entre otras cosas: 

a) Promover la investigación de los ecosistemas marinos y costeros e impulsar la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, lo que implica aumentar el presupuesto destinado a ciencia e innovación, lo que implica aumentar el presupuesto para las instituciones académicas dedicadas a estos temas. 

b) Expedir, en concordancia con las Metas de Aichi y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la política nacional de manejo integral de humedales, así como la estrategia nacional para la atención de arrecifes; 

c) Priorizar la elaboración de instrumentos de política nacional en materia de arrecifes tales como una Norma Oficial Mexicana en materia de manejo y restauración de ecosistemas arrecifales, modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

d) Actualizar la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar; 

e) Otorgar concesiones pesqueras geográficamente delimitadas, bajo criterios de manejo ecosistémico y equidad social, preferentemente a comunidades y grupos adyacentes a los sitios de pesca; 

f) Instrumentar programas de recuperación para recursos sobreexplotados y de manejo pesquero para todas las especies sujetas a aprovechamiento; 

g) Crear la Ley General de Mares y Costas para cambiar el manejo de los ecosistemas costeros y marinos;  

h) Elaborar el reglamento de la Ley General  de Pesca y Acuacultura Sustentables, y establecer mecanismos ciudadanos y de transparencia que permitan supervisar la elaboración y el cumplimiento de la Carta Nacional Pesquera y fortalecer las actividades de pesca y acuacultura bajo las premisas de la sustentabilidad (económica, social y ambiental), la legalidad y la competitividad.