- Envían carta al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalando falta de debida diligencia por parte de la Sexta Visitaduría en diversas quejas sobre violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano.
- Existen quejas con más de cuatro años en espera de Recomendación por parte de la CNDH.

- Caso Jalacingo[3]. Queja presentada por personas de diversas comunidades campesinas del municipio de Jalacingo, Veracruz y del municipio de Hueytamalco, estado de Puebla, por violaciones derivadas de la construcción de una serie de mini-hidroeléctricas e infraestructura secundaria asociada, que afectan a los ríos Jalacingo y Nixtamalapa, los cuales representan bienes y recursos naturales que las comunidades han utilizado tradicionalmente.
- Caso Tabasco[4]. Queja presentada por personas de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, estado de Tabasco, así como del municipio de Agua Dulce, Veracruz, por violaciones a derechos humanos consistentes en actos y omisiones relacionadas con actividades de exploración, extracción, refinación, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras autoridades responsables.
- Caso Zongolica[5]. Queja presentada por el pueblo nahua de los municipios de Zongolica, Mixtla de Altamirano y Tehuacán en Veracruz, por violaciones a sus derechos colectivos debido a acciones y omisiones de diversas autoridades, entre ellas la Semarnat, involucradas en la construcción de una central hidroeléctrica e infraestructura secundaria, y que derivan en la afectación en los bienes que tradicionalmente han utilizado como los son los ríos Apatlahuaya y Zongolica.
- Caso Masagro. Queja presentada por un integrante del colectivo Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A.C., por violaciones a los derechos humanos debido la implementación del Programa Masagro por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) mediante un acuerdo de colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el cual se vulneraron los derechos colectivos de las comunidades, entre ellos, el de la consulta previa, libre e informada.