En la COP17 México debe comprometerse a:

• Brindar presupuesto adicional y suficiente para combatir el problema de cambio climático y a,

• Aprobar una Ley sobre cambio climático que provea de una ruta para alcanzar un desarrollo bajo en carbono en el país.

Para su Publicación
Mexico D. F., a 27 de noviembre del 2011.

Arranca la COP17 que se celebrará en Durban, Sudáfrica en la que se buscará discutir el futuro del régimen climático, proceso dentro del que México ha tenido un singular liderazgo, y las organizaciones que conforman el grupo de financiamiento para Cambio Climático en México (Centro de Colaboración Cívica, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Transporte Sustentable, Equidad de Género, la Fundación Heinrich Böll, Fundar, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, entre otras), llaman al gobierno mexicano a cumplir con los grandes pendientes que tiene para lograr un abordaje integral del problema climático en el país.

En primer lugar, es necesario que México se comprometa a asignar año con año un presupuesto suficiente y encaminado a combatir el problema de cambio climático. Por ello las organizaciones firmantes entregaron a Diputadas y Diputados una serie de recomendaciones para rediseñar el destino del presupuesto y aunque en algunos casos hubo buena respuesta, como en el tema de movilidad no motorizada, las organizaciones lamentan que México siga invirtiendo en actividades como la exploración y producción de combustibles fósiles que agravaran el problema, en lugar de tomar con seriedad la necesaria y urgente atención del cambio climático bajo el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y los criterios de sustentabilidad.

La asignación de presupuesto es una clara definición de prioridades y un ejercicio necesario para cumplir con los compromisos que México se ha establecido a nivel internacional. Esto debido a que en el marco de las reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, México no sólo ha fijado metas de reducción (50% a 2050 y 30% a 2020) sino que ha promovido la aprobación de un mecanismo de financiamiento integral, como es la constitución del Fondo Verde del Clima para que los países desarrollados provean de recursos económicos a países en desarrollo, sin embargo, México no ha logrado una clara definición del manejo que hará de sus propios recursos, lo que podría generar una bolsa con hoyos, pues mientras promovemos la inversión internacional para atender el problema, nosotros permitidos que nuestros fondos se vayan a la profundización del mismo .

Y en segundo lugar, las organizaciones del Grupo llaman a los partidos a olvidarse por un momento de sus intereses individuales y a generar acuerdos para alcanzar el establecimiento de una base mínima indispensable para atender el problema climático, a través de la creación de una Ley de cambio climático. Esta Ley requiere para su operación de mandatos claros para el fortalecimiento de capacidades institucionales; la definición de metas claras de reducción de emisiones en sectores claves; la identificación de mecanismos de inversión, presupuesto y financiamiento para lograr la atención del problema y mandatando a cabalidad el respeto irrestricto a los derechos humanos, la transversalización de la perspectiva de equidad de género, e integrando criterios básicos de sustentabilidad.

De aprobar una ley efectiva no sólo para reducir emisiones, sino también para promover la adaptación al cambio climático, México podría mostrar congruencia entre lo que pide a nivel internacional y lo que ejecuta a nivel nacional. Lo anterior, podría establecer una hoja de ruta que permita guiar los esfuerzos de los diferentes sectores en la materia durante los próximos años.

Es momento de dejar por unos minutos los intereses electorales y unirse a la sociedad civil para aprobar una ley general en materia de cambio climático, y sentar las bases y guías que ayuden al país a transitar hacia un desarrollo bajo en carbono, integrando de manera clara el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de equidad de género y los criterios de sustentabilidad.
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