La mala calidad del aire que el Distrito Federal ha experimentado en las últimas semanas, debido a las bajas temperaturas y al caos vial ya cotidiano por las múltiples obras, se agrava cada vez mas debido a la falta de combustibles limpios y al retraso en la actualización de las normas para el control de emisiones contaminantes, las cuales ya son obsoletas con respecto a los mejores estándares internacionales.
Al incremento de concentraciones de partículas PM10 se suma el de partículas PM2.5, las cuales son uno de los contaminantes más dañinos para la salud (ya que se trata del contaminante más relevante en términos de mortalidad prematura), y que tienen como una de sus principales fuentes emisoras los vehículos automotores que utilizan diesel con alto contenido de azufre.
Según el boletín correspondiente al mes de octubre de 2011 del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (Simat), las concentraciones de PM2.5 durante los últimos años no rebasan el límite (65 µg/m3). Sin embargo, aún se rebasa el límite permisible para el promedio anual. Esas partículas, registradas desde 2004, se encuentran aún por encima de los valores seguros para proteger a la población. En 2008 y 2009 se excedió el valor promedio anual en todas las estaciones de monitoreo del Distrito Federal.
De acuerdo con la Comisión Ambiental Metropolitana y el Simat, los días fuera de norma por partículas PM10 han ido también en aumento en el Valle de México, lo que nos convierte en la cuarta ciudad más contaminada del país por este factor, detrás de Ciudad Juárez, Toluca y Monterrey. Si a ello agregamos que las normas mexicanas para evaluar la calidad del aire son menos estrictas que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos hablando de que la población del Distrito Federal está en mayor exposición a los contaminantes más dañinos para la salud.
De ahí la importancia de que Pemex dé a conocer a la brevedad y sin vacilaciones el calendario de cumplimiento de la Norma 086 que obliga a la paraestatal desde febrero de 2009 a distribuir diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el país (obligación con la que no sólo no ha cumplido sino que se ha amparado y utilizado argucias legales para evitar su cumplimiento), de forma que la industria automotriz pueda introducir tecnologías menos limpias y ambientalmente amigables.
Lo anterior debe ir acompañado de la actualización de las normas 042 y 044 relativas al control de emisiones para vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados, así como de la publicación de una norma de eficiencia para vehículos ligeros que recorran más distancia consumiendo menos combustibles.
Aproximadamente un 4 por ciento de los 4.5 millones de vehículos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México son unidades a diesel, las cuales emiten alto material particulado (PM10 y PM 2.5). Este diesel “sucio” está directamente relacionado con el aumento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y algunos tipos de cáncer. Y, si bien un porcentaje de dichos vehículos a diesel han logrado reducir sus emisiones al introducir adecuaciones mecánicas en los motores, lo cierto es que el país no puede beneficiarse de las últimas tecnologías existentes en el mercado internacional debido a que no contamos con el diesel UBA que éstas requieren para funcionar.
Cabe recordar que la contaminación ambiental es un problema de salud pública federal, pues de acuerdo con el Cuarto Almanaque de Datos y Tendencias de la Calidad del Aire en 20 Ciudades Mexicanas (2000-2009) del Instituto Nacional de Ecología (INE), en México la exposición a la contaminación atmosférica fue responsable de 38 mil muertes por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias durante el periodo 2001-2005, cinco mil de las cuales correspondieron a niños, y seis de cada diez de estas muertes ocurrieron en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca.
De igual forma, el Cuarto Almanaque señala que en 2009 la contaminación atmosférica representó los mayores costos ambientales con el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De ahí que sea prioritario que el gobierno federal promueva, desarrolle, instrumente, actualice y cumpla con las normas que permitan tratar de manera integral el problema del sector transporte para reducir los impactos negativos ambientales, económicos, sociales y de salud derivados de sus emisiones en todo el país.
Ante la mala calidad del aire, lo que está en riesgo es la calidad de vida y la salud de los mexicanos, una prioridad para cualquier gobernante. Ante esta situación el gobierno federal no puede ni debe eludir su responsabilidad, ya que, de hacerlo, el número de muertes antes expuesto pudiera ir al alza. De ser el caso, ¿quién va a responder por las irresponsabilidades cometidas?, ¿quién va a sancionar a los funcionarios involucrados en su momento por las omisiones en las que incurrieron?
Periodico / El Financiero
Autor / Gustavo Alanis Ortega