El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) está comprometido desde hace más de un lustro con la agenda de mitigación de emisiones de metano (CH4). Además de impulsar la reducción de dichas emisiones en el sector hidrocarburos, también estamos profundizando en la necesidad de que México se comprometa a reducir las emisiones que provienen del sector residuos.

Es así que el 14 de noviembre, en la COP30 participamos en un Evento Paralelo oficial de las Naciones Unidas denominado: From Pledges to Progess: Implementing the Global Methane Pledge with Proven Solutions, en el cual participaron Charlotte Morton de la World Biogas Association, Vanessa Frakra, de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), Ingrid- Gabriela Hoven de la Cooperación Alemana (GIZ) y nuestro compañero Alberto Alarcón, abogado de la gerencia de Política Pública. El panel fue moderado por Martina Otto, titular del secretariado de la Coalición Clima y Aire Limpio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En el evento nos recordaron que los seres humanos generamos más de 105 mil millones de tonalas de residuos orgánicos cada año en el mundo y que 98% de éstos no se reciclan y emiten gases efecto invernadero, particularmente metano, el cual es 86 veces más dañino que el bióxido de carbono (CO2 ) por su potencial de calentamiento del planeta. De igual forma, los residuos son el tercer mayor emisor de todas las industrias y son responsables del 20% de las emisiones globales de metano.

El panel exploró diversos beneficios de utilizar la tecnología disponible para procesar los residuos orgánicos de manera adecuada, reduciendo de esta forma y a muy bajo costo las emisiones de metano a la atmósfera, incluyendo las alternativas que existen para transformar dichas emisiones en energía. 

En su intervención a nombre del CEMDA, Alberto Alarcón señaló que existen riesgos en el tema de la bioenergía como son la sobreexplotación de ganado para la generación de biogas, la concentración del agua, la contaminación derivada de fertilizantes, pesticidas y otros procedimientos para producción de biogas. Sin embargo, señaló que muchos de estos riesgos se pueden superar a través del uso de instrumentos legales que se complementan, como son las leyes en torno del agua y la legislación ambiental.

Por otro lado, comentó que, si bien en México aún no tenemos la infraestructura, los recursos ni el marco legal institucional suficiente, existen algunas opciones que ya se pueden echar a andar. La primera de ellas es la implementación del Acuerdo Global de Metano, que implica poner en marcha medidas legales para alcanzar la mitigación de emisiones. 

Por otro lado, como parte de la implementación de la reforma energética, el Congreso mexicano emitió una nueva legislación sobre bioenergía, la cual contempla la revalorización de residuos orgánicos y aguas residuales como una fuente de energía. También se regula la producción de biomasa, de forma limitada a aquella que no es apta para consumo humano y que se produce en tierras degradadas como una fuente de energía. 

Esta ley también establece diferentes instrumentos de política pública que deben fijar metas anuales para sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles, además de diferentes acciones y proyectos necesarios para alcanzarlas. Asimismo, se crearon una serie de nuevos permisos y autorizaciones para producir biomasa y otros para generar electricidad a través de la biomasa. 

Alberto concluyó enfatizando que el principal beneficio de promover bioenergía es la mitigación de metano, lo cual resulta estratégico para enfrentar el cambio climático. 

Evento paralelo oficial: From Pledges to Progess: Implementing the Global Methane Pledge with Proven Solutions

 

El ecocidio debe ser un delito penal

Nuestro director ejecutivo, Gustavo Alanis, participó este 14 de noviembre en un evento convocado por la organización internacional Stop Ecocide, la cual busca lograr que el mayor número de países tipifiquen el ecocidio como un delito penal en sus legislaciones. 

El panel resaltó la importancia de incorporar el ecocido en los códigos penales a fin de evitar a toda costa la destrucción de la naturaleza y las afectaciones al medio ambiente, y los recursos naturales. Asimismo, con esta medida, se busca proporcionar mayor protección a las comunidades y pueblos indígenas que habitan en muchas zonas disputadas por intereses económicos y políticos, mismas que constituyen los pocos pulmones que le quedan a nuestro planeta. 

El evento fue moderado por la princesa María Esmeralda, de Bélgica, presidenta de la campaña Stop Ecocide a nivel internacional. Ella es, además, periodista y escritora, y ha codirigido y producido documentales como «Amazonas, corazón de la Tierra«.

Gustavo Alanís, director ejecutivo del CEMDA y la princesa María Esmeralda de Bélgica, presidenta de la campaña Stop Ecocide a nivel internacional.