Ignacio López, Isidra Sosme Temich, Rosalinda López, Alfonso López, Teresita de Jesús Arrazate González, Yohari Belén, Dolores Arrazate Córdova y otras personas no identificadas

Ignacio y miembros de su familia eran ejidatarios en el ejido Nuevo Morelia en Chicomuselo, Chiapas. Ignacio era catequista de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y candidato a diaconado. Otro miembro de la familia era miembro de la iglesia católica.
En el ejido de Nuevo Morelia se encuentra una mina de barita denominada La Revancha, anteriormente operada por una empresa extranjera y la cual fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), después de que ocurrió el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente, en 2009.
Desde 2023, hombres armados que dijeron ser parte de un grupo del crimen organizado, ingresaron a una asamblea ejidal y afirmaron que explotarían la barita de la mina La Revancha.
A partir de la explotación ilegal de la mina, el material extraído y las tierras del ejido Nuevo Morelia son objeto de disputa entre dos grupos del crimen organizado, y en conjunto con la violencia en la región, ha causado un desplazamiento masivo de habitantes en Chicomuselo, calculando alrededor de 2,300 personas desplazadas provenientes de 20 comunidades distintas.
En mayo de 2024, los grupos de delincuencia organizada presentes en la región habían estado asediando a la población de Nuevo Morelia mediante varios actos de intimidación y cortes de los servicios de agua, luz y red de internet, además que se habían registrado enfrentamientos entre dichos grupos.
Ignacio era conocido por sus firmes expresiones en contra de las prácticas violentas realizadas por grupos criminales en la zona. Junto con su familia se resistió a colaborar con el crimen organizado y continuó protegiendo la tierra.
En la tarde del día 12 de mayo de 2024, Ignacio y su familia se encontraban en su hogar cuando fueron atacados directamente por miembros del crimen organizado, quienes asesinaron a Ignacio y a 10 miembros de su familia. Posterior a los asesinatos, cabe destacar que los agresores incendiaron los cuerpos de las víctimas, lo cual se considera un trato degradante y que vulnera la dignidad post mortem de las víctimas.