• Piden protección y prevención ante cualquier ataque, encarcelamiento y detención que pudieran sufrir sus integrantes.
• Alertan sobre la intención de usar el sistema penal con fines políticos para perseguir a los defensores ambientales.

 

En una carta enviada el día de hoy al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong[1], más de cien organizaciones de la sociedad civil externaron “su preocupación y rechazo” ante las declaraciones del procurador de justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, quien informó a los medios de comunicación la existencia de una averiguación previa en contra de Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui; y de Tomas Rojo, encargado de la tribu yaqui para el asunto del Acueducto Independencia, por el delito de secuestro.

 

 

Asimismo, en la carta se solicita al Estado mexicano la más amplia protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pudieran sufrir Mario Luna y Tomas Rojo, y los demás integrantes de la tribu yaqui.

 

El sábado pasado, la guardia tradicional yaqui, de acuerdo con sus usos y costumbres, aprehendió a una persona que se identificó como integrante de la tribu yaqui por haber chocado con un automóvil al intentar huir luego de estar a punto de atropellar a una niña y a una mujer, y por conducir en estado de ebriedad.

 

Derivado de esos hechos, el procurador del estado de Sonora señaló que Mario Luna y Tomás Rojo estaban señalados como “los responsables de la privación ilegal de la libertad de una persona de nombre Francisco Delgado Romo, quien es miembro de la etnia yaqui”.

 

Al respecto, es importante precisar que Mario Luna únicamente funge normalmente como traductor de los escritos y posicionamientos oficiales de la autoridad tradicional; por lo tanto participa en los procedimientos de administración de justicia de la tribu. Por su parte, Tomás Rojo ni si quiera se encontraba en el lugar de los hechos.

Úrsula Garzón, coordinadora del área de Defensa de CEMDA, señaló que “resulta muy grave y preocupante que el procurador Navarro desconozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los artículos constitucionales que facultan los pueblos indígenas para ‘aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos’[2] y decida dar trámite a una averiguación previa y realizar declaraciones respecto de un procedimiento que se debe llevar en supuesta confidencialidad para salvaguardar la integridad de la investigación”.

 

Añadió que “existe preocupación fundada de que detrás de estas declaraciones exista la intención de hacer un uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes del movimiento social de la tribu yaqui que se oponen a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia que pretende transportar a la cuenca del Rio Sonora el agua del río Yaqui, la cual pertenece en un 50% a la Tribu”.

Cabe recordar que el Acueducto Independencia está siendo construido en desacato de órdenes judiciales que suspenden la construcción debido a la demanda interpuesta por un grupo de agricultores del sur de Sonora, debido a las irregularidades en el procedimiento de otorgamiento de los permisos administrativos.[3]

El señalamiento directo y personal del procurador de Sonora fue hecho coincidentemente hacia los dos líderes de la tribu yaqui, Mario Luna y Tomas Rojo, quienes se han distinguido por ser los encargados para dar seguimiento por parte de la tribu en el tema del trasvase ilegal del agua del río Yaqui que se pretende realizar con el Acueducto Independencia.

Recientemente, Mario Luna y Tomas Rojo ofrecieron declaraciones a la prensa para celebrar el fallo de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual se confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del Acueducto Independencia por haber sido emitida violando los derechos a la consulta y a la información de la tribu yaqui.

 

La criminalización de los principales líderes de la tribu yaqui en el asunto del Acueducto Independencia polariza la -ya de por sí- tensa situación que se creó a raíz del incumplimiento de las diversas órdenes judiciales por parte del gobierno del estado de Sonora. Desde hace algunos días, integrantes de la tribu yaqui y del movimiento No al Novillo están manifestándose en la carretera federal entre Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, para exigir el cumplimiento de las órdenes judiciales y de la reciente sentencia de la Primera sala de la SCJN.

En la misiva se hace mención también a la Recomendación 37/2012, emitida el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual apuntó directamente al gobierno de de Sonora señalando -adicionalmente a las violaciones de derechos humanos que había cometido-, la necesidad de que “… en el diseño de sus estrategias para resolver la problemática sobre el acceso al agua en la citada entidad federativa, efectivamente garantice que todos tengan acceso al recurso sin importar la región en la que vivan; y también sin que se genere la percepción de que se está privilegiando a una zona sobre la otra.”[4]