* Se referirán a los impactos que los megadesarrollos y autorización de transgénicos han ocasionado a pueblos indígenas y equiparables.

* Pedirán visita del Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Comisionado responsable en México para conocer de primera mano los impactos en las comunidades por la falta de consulta y participación que se da en algunos de los proyectos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades indígenas para hablar sobre la destrucción que se está llevando a cabo en el país del patrimonio
biocultural de México debido a la autorización de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables..

Catorce organizaciones de la sociedad civil, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu Yaqui, solicitaron a la CIDH audiencia temática para exponer un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

En la audiencia, a llevarse a cabo el día de mañana, se expondrá que en México el 70% del territorio tiene potencial minero, el 35% del territorio nacional ha sido concesionado entre los años 2000 y 2010 por un total de más de 29 mil concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano. Alrededor del 17% de estas concesiones -5,087 títulos- se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas. En algunos casos, las concesiones ocupan todo el territorio ancestral como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios. En la Sierra Norte de Puebla, el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras,

correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa el 18% de ese territorio. Dichas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales de los pueblos nahuas y totonaco.

Otro de los temas vinculados al patrimonio biocultural que será expuesto ante la CIDH son las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGMs) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.

“Debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas
condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales,
que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.

Así mismo, en la Península de Yucatán han sido autorizados, sin consulta previa libre e informada al pueblo maya -tal como lo contempla el Convenio 169 de la OIT-, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas. Ante esta arbitrariedad comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente,

dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido
atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.

Las peticiones que se harán a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural, sobre todo en el contexto de la reforma energética; que la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realice una visita en conjunto con el Comisionado responsable en México, a fin de que recuerden al Estado mexicano sus obligaciones internacionales, específicamente relacionados con el derecho a la consulta, a la participación y a la información, al derecho de acceso a la justicia, así como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Luis Arturo Carrillo Sánchez
Coordinador de Comunicación, Colectivo MA OGM
Datos de contacto:
maogmcolectivo@gmail.com
Cel: 9999951480