El gobierno mexicano y el gobierno sonorense presentaron en Dubai, en el marco de la COP28 de cambio climático, su Plan Sonora, una de las estrategias más ambiciosas de desarrollo industrial en México. Se trata de un proyecto de siete mil millones de dólares en construcción de nuevas industrias, energías renovables, infraestructura para el transporte y minerales para alimentarlas. 

El proyecto incluye acciones integrales en muchos sentidos. Parte, en gran medida, del desarrollo de parques industriales y de conocimiento en el estado norteño, que se vincularán con el mundo con nueva infraestructura de transporte, como la modernización del puerto de Guaymas o la integración de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón, y que se alimentarán con la energía generada en una nueva planta fotovoltaica de dos mil hectáreas de extensión y capacidad para producir hasta mil megawatts de electricidad que se construirá en Puerto Peñasco. También contempla el trabajo en la formación de capital humano para la producción con energías sustentables y para cadenas de suministro globales. 

Más allá de la relevancia económica del proyecto, será importante trabajar para minimizar su impacto ambiental. Gran parte de los componentes del plan enfrentan, con razón, requisitos exigentes en la legislación mexicana, además de que el gobierno sonorense prevé varios efectos indirectos que también deben lidiar con una normatividad que, por suerte, es muy exigente. 

 

Por ejemplo, se ha presumido que una ventaja de Sonora es la disponibilidad de minerales cerca tanto de parques industriales como de plantas solares de generación eléctrica. Tanto esa minería como la instalación de megaproyectos de la talla que se ha descrito requieren de manifestaciones de impacto ambiental y de esfuerzos de compensación de la escala misma de lo planeado.