El proyecto de minería submarina Don Diego -único en su tipo a nivel mundial- que pretende dragar 91 mil hectáreas del fondo submarino frente a las costas de BCS no es viable ambientalmente y podría exacerbar un conflicto de índole internacional según la opinión del gobierno de Baja California Sur.

En una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por parte del Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de BCS, Rodrigo Guerrero Rivas, se menciona que  “El desarrollo de este proyecto minero en una zona con la cual representa un conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de manera muy significativa la problemática antes señalada”, refiriéndose a la certificación negativa hacia el gobierno mexicano por parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) por no adoptar un programa regulatorio comparable al empleado en los Estados Unidos para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa.

Don Diego, actualmente en evaluación de impacto ambiental por segunda ocasión, pretende extraer fosforita utilizando una barcaza y una draga submarina durante 50 años. La superficie total a dragar del fondo marino sería el equivalente al 60 por ciento de la superficie del Distrito Federal y el equivalente en volumen para llenar 264 veces el estadio Azteca en la totalidad del proyecto.

“Sin duda el proyecto es una amenaza para las ballenas, las tortugas y otras especies marinas de interés para la pesca comercial. Ahora con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto Don Diego” dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

Así mismo, el estudio no permite determinar de manera clara y contundente los impactos ambientales que el ruido tendrá hacia las tortugas marinas, lobos marinos y la ballena gris, ya que “lo más dañino potencialmente es al norte con las madre con cría y es precisamente la zona que queda más cercana a la zona de dragado. Si se aprueba este proyecto México podría incumplir compromisos internacionales que lo obligan a proteger estas especies vulnerables y el ambiente marino”.  Expresó Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.

Por otra parte, el promovente señala en su estudio “que más del 95% de las especies bentónicas de los alrededores del área de dragado autorizado a Don Diego no serán altamente o moderadamente sensibles a un aumento comparable en la sedimentación”. Sin embargo, el gobierno responde al respecto que “ante el escaso uso de información local no se deben hacer inferencias sobre los impactos ambientales sobre las especies bentónicas de la zona de estudio, al realizar únicamente un análisis con información de especies marinas ajenas a dicha zona”. Esto por el hecho de que para sustentar esta información en su análisis, el promovente utilizó un modelo de datos marinos que incluye a especies presentes en aguas costeras del Reino Unido, que no corresponde a la zona de estudio de BCS, ni a las especies locales que en ella se encuentran.

“La Semarnat debe seguir la línea que se ha marcado a nivel internacional y aplicar el principio precautorio, no sólo por ser el primer proyecto de su clase a nivel mundial, sino porque la manifestación de Impacto Ambiental no es lo suficientemente sólida y deja abiertas muchas dudas. Ante eso, México no puede permitirse ser un campo de experimentación de este tipo” manifestó Agustín Bravo Gaxiola, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el noroeste.

El gobierno estatal también afirma que “El estudio señala que se realizaron muestreos durante los meses de julio y agosto del 2013 lo que parece insuficiente para la estimación de los impactos sinérgicos y acumulativos que se darán por el depósito del material suspendido en el fondo bentónico por parte del proyecto durante un periodo de 50 años”.

“Don Diego, en la reunión de información, a la que asistieron más de 250 personas, hubo una claro repudio por la sociedad civil, pescadores y habitantes locales, académicos, el gobierno municipal y ahora el estatal,  Hay una justificación social, económica y técnica para rechazar el proyecto. Con evidencias como ésas, las autoridades federales se quedan sin alternativa: deben rechazar el proyecto” dijo Mónica Franco, coordinadora del programa bahía Magdalena de CostaSalvaje.