Ciudad de México, 17 de abril de 2026.
● El gobierno finalmente admitió que el derrame en el Golfo de México
provino de un ducto de Pemex, como fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil semanas atrás.
● Se sanciona a tres funcionarios, pero Pemex sigue sin asumir responsabilidad institucional.
● Pemex no ha informado cuánto hidrocarburo se derramó.
● El gobierno tampoco ha transparentado la magnitud de las afectaciones, ni cuánto tendrá que pagar para remediar los daños.
● Los apoyos anunciados a pescadores y cooperativas no sustituyen la reparación integral del daño.
Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México. Se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.
El Gobierno Federal finalmente reconoció que el derrame masivo en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones de la sociedad civil documentamos y denunciamos semanas atrás. Se admite que hubo una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, que la fuga fue negada sistemáticamente por áreas operativas y que tres funcionarios fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones.
Se sanciona la mentira, no el daño ambiental. El gobierno reconoce una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. Pero la respuesta política se concentra en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado. Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame.
Pemex sigue sin informar cuánto hidrocarburo se derramó. A pesar de la gravedad del caso, el propio gobierno reconoció que “no se tiene todavía un cálculo
confiable del volumen exacto”. Esta omisión es muy grave, pues sin un dato oficial del volumen derramado no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación, ni establecer una reparación proporcional.
El principio de “el que contamina paga” sigue sin traducirse en hechos. El Plan Nacional de Contingencia contempla costos de atención, seguimiento, compensaciones y procesos financieros dentro de la respuesta y el seguimiento del incidente. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha transparentado cuánto costó el despliegue de 3,365 elementos, 25 buques y embarcaciones, 9 aeronaves, drones, barreras, monitoreo, limpieza, transporte y disposición final de residuos. El país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál es la magnitud de las afectaciones, ni cuánto ha costado la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura.
Los apoyos no sustituyen la reparación integral. El gobierno ha anunciado recursos por 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras, apoyos de 15 mil pesos a 3,379 pescadoras y pescadores, y otros apoyos sociales y productivos, pero éstos no pueden presentarse como solución al daño ocasionado. No sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios y comunidades costeras, y mucho menos reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes.
Desde el 21 de marzo, comunidades y organizaciones ya advertían que no bastaba con limpiar playas: hacían falta estudios de riesgos, transparencia, restauración a mediano plazo e indemnización efectiva a las comunidades afectadas.
Las autoridades desacreditaron a la sociedad civil y hoy terminan confirmando lo que denunciamos. Durante semanas, las autoridades no sólo ocultaron información, también desacreditaron públicamente materiales y alertas impulsadas por organizaciones no gubernamentales y comunidades. Ayer, el propio gobierno reconoció que sí hubo un derrame de hidrocarburos proveniente de un ducto de Pemex. La sociedad civil no desinformó, sino que investigó y alertó con antelación.
Dilación en la impartición de justicia ambiental. Las comunidades y pueblos indígenas se duelen de la dilación y los vicios en la administración de la justicia ambiental. A un mes de haberse interpuesto las denuncias respectivas, las autoridades ambientales aún no las han admitido a trámite. Sin dejar a un lado la
evidente falta de accesibilidad y oportunidad en la gestión de este tipo de afectaciones ambientales sobre los territorios, la ventanilla única y la gestión digital de las denuncias son medidas que limitan el acceso de comunidades y pueblos indígenas afectados a la justicia ambiental.
Exigimos que el gobierno federal y Pemex informen públicamente:
● el volumen total derramado;
● el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación;
● el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional;
● el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.
Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control. Sigue pendiente la verdad completa sobre el daño, su costo, la responsabilidad institucional de Pemex y la reparación integral a comunidades y ecosistemas.
Este derrame no es un hecho aislado. Es otra expresión del costo real del modelo fósil en México: incendios, fugas, derrames, contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional. Seguiremos denunciando la expansión de los combustibles fósiles como el fracking y el GNL, porque la evidencia científica de sus daños al ambiente, al clima, a la salud de las personas y sobre las economías locales es abrumadora, y porque las comunidades no tienen por qué seguir pagando las consecuencias de un modelo que privilegia la extracción por encima de la vida y del territorio.
Para mayor información contactar:
Manuel Llano – 55 4388 4067
Organizaciones firmantes: (orden alfabético) Alianza Mexicana Contra el Fracking Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C. CartoCrítica, A.C.
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectiva Agua y Bosques para la Vida Sierra Tarahumara
COMALETZIN AC
Comunicación y Educación Ambiental SC
Conexiones Climáticas
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán
CORASON Defensa del Territorio Defensa Ambiental del Noroeste (DAN)
Deuda X Clima Mx
#EsGasFósil
Engenera, A.C.
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Familia Pasta de Conchos
Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC
Fundar Centro de Análisis e Investigación
GeoComunes
Greenpeace México, A.C.
Grupo Territorio Género y Extractivismo
Leave it in the Ground Initiative (LINGO)
Nosotras y el mar
Nuestro futuro, nuestra energía
Observatorio Socioambiental de Morelia Planeteando
Programa Ambiental de la Universidad Autónoma Chapingo
Redes del Agua Mexico / FANMexMudem AC
RG – Asesoría Legal
Salvemos los Cerros de Chihuahua
Tejiendo Redes Infancia
Territorios Diversos para la Vida A.C. (Terra Vida) Tierra Resiliente
TOCHAN NUESTRA CASA AC
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI, A.C.)
Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C.
Wildlands Network Programa México