Una vez finalizado el mes de octubre, compartimos con ustedes algunas de nuestras actividades durante el mes.
Llaman a Semarnat a cancelar mina Los Cardones
Organizaciones de la sociedad civil y personas de la comunidad en Baja California Sur, solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cancelar el proyecto minero Los Cardones debido a los impactos negativos y afectaciones irreversibles que ocasionará al medio ambiente.
El pasado 12 de septiembre la Semarnat admitió un recurso de revisión interpuesto por la comunidad, el cual busca anular la aprobación del proyecto minero promovido por la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V.. Este puede ser el primer paso para materializar una cancelación legal que ya en diversas ocasiones ha manifestado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como el gobernador del estado, Victor Manuel Castro Cosío.
El proyecto Los Cardones consiste en la realización de obras y actividades para la explotación de una mina de tajo abierto en una superficie de 439.51 hectáreas en el municipio de La Paz, BCS, representando un alto riesgo ambiental para la región, ya que diversas partes del proyecto se encuentran dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, sitio que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos que abastecen aproximadamente al 67% de población en el estado.
En septiembre de 2018, la sociedad sudcaliforniana extendió de nueva cuenta la exigencia de la cancelación del proyecto al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en respuesta a la demanda ciudadana, manifestó que se realizaría una consulta pública para determinar la cancelación de la mina Los Cardones, sin embargo, dicha consulta pública nunca se llevó a cabo.
El 9 de julio del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se reconoce que los terrenos que se encuentran dentro de la reserva, donde se pretende llevar a cabo casi el 60% del proyecto, no son propiedad de la empresa minera, sino de la nación. Aun así, la autorización ambiental de la mina “Los Cardones” continúa vigente.
En diversas visitas que el Presidente ha realizado a BCS, ha señalado que el proyecto minero se encuentra cancelado, pero a la fecha no se ha hecho público el documento que demuestre este hecho. Por esta razón, insistimos en nuestro llamado a la Semarnat a revocar la autorización de impacto ambiental que tiene el proyecto minero, pues ello sentaría un importante precedente en la protección ecológica.
Posible, fortalecer la política climática en México
A pocos días de que se lleve a cabo la Conferencia de las Partes (COP 27) de cambio climático en Egipto, organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de propuestas para fortalecer las acciones que México puede llevar a cabo para contribuir de forma más ambiciosa y decidida a combatir la emergencia climática global, las cuales están plasmadas en el marco legal vigente: la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC).
Como se ha reiterado en diversas ocasiones, México es un país altamente vulnerable al cambio climático, 68% de la población es vulnerable y alrededor del 71% del producto interno bruto (PIB) está expuesto a sus efectos (INECC, 2021). Al mismo tiempo, es el doceavo emisor a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático (WRI, 2021); es por esto que contar con políticas climáticas ambiciosas es más que necesario.
Resultado de una serie de mesas de trabajo donde participaron más de 60 personas de organizaciones especialistas y académicos, se elaboró un documento que contiene propuestas encaminadas a fortalecer la política climática nacional en cuatro ámbitos: adaptación, mitigación, financiamiento y medios de implementación, el cual se presenta a unos días de que inicie la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Como parte de los compromisos que ha adquirido ante la comunidad internacional, México tiene el mandato legal de contar con instrumentos de política pública que contribuyan a que la temperatura del planeta no se eleve por encima de los 1.5ºC. Dichos instrumentos deben respetar el principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, por lo que las metas climáticas deben ser más ambiciosas e incrementarse cada 5 años, pero respaldadas por acciones que puedan implementarse rápidamente para atender el llamado de urgencia.
Para cerrar la brecha entre lo que México emite y su justa contribución a la reducción de emisiones global, se deben reducir las emisiones de GEI desde la fuente, priorizando en igual medida, la atención a los espacios de mejora en el desarrollo de mecanismos para hacer frente a los impactos climáticos presentes y futuros. Es a través de una política climática robusta que México puede hacer frente a la profunda inequidad e injusticia climática.
Las recomendaciones destacan la necesidad de reducir las emisiones de metano del sector hidrocarburos; diseñar e implementar políticas transversales y multisectoriales, con enfoque de justicia climática y especial inclusión de los grupos históricamente excluidos como las mujeres, y pueblos y comunidades indígenas así como priorizar la transparencia en la implementación y evaluación de la política climática.
Referencias:
INECC, 2021. Tercer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
WRI, 2021. Global greenhouse gas emissions 2016 excluding land-use change and forestry (LUCF) from Climate Watch.
Niega Juzgado acceso a la justicia ambiental a afectados por la construcción del puente vehicular en Xochimilco
El Colectivo Xochimilco Vivo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco impugnaron la sentencia del Juzgado de Distrito en la que determinó negar el amparo interpuesto por habitantes de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, así como a organizaciones de la sociedad civil .
Esta decisión se basó en que, a juicio de la juzgadora, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) efectuó debidamente la Evaluación del Impacto Ambiental, a través del Acuerdo y Formato de Facilidades en materia de Impacto Ambiental para la realización de obras y/o actividades públicas en la CDMX, publicado el 2 de septiembre de 2019.
Sin embargo, tal interpretación es errónea pues dicho acuerdo y formato no están contemplados en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, ni en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. El proyecto fue avalado por la Sedema sin contar con los elementos técnicos, científicos y jurídicos para evitar daños e impactos ambientales producidos por obras de este tipo, ignorando los principios de prevención y precaución indispensables para este tipo de procedimientos.
Asimismo, se realizó un análisis deficiente que justifica la construcción de puente vehicular bajo el argumento de que mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sin tomar en cuenta el daño producido por el puente a los servicios ecosistémicos que el humedal brinda y que son vitales para todos los habitantes de la ciudad, tales como ser un gran reservorio de diversidad, ayudar a controlar el clima, prevenir inundaciones y producir alimento.
Xochimilco es un ecosistema remanente y único de la cuenca de México. Provee de agua a la Ciudad de México y es hábitat de especies endémicas como el ajolote y la rana de Moctezuma. Además, las chinampas (método de cultivo mesoamericano) y su paisaje constituyen un sistema agrícola único en el mundo.
En 2004, el gobierno mexicano inscribió al Sistema Lacustre Ejidos Xochimilco y San Gregorio Atlapulco como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. Además, la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y es Área Natural Protegida desde 1992 con un programa de manejo que prohíbe la construcción de cualquier obra de infraestructura, consideraciones que también fueron ignoradas por la Jueza Federal.
Finalmente, reiteramos el rechazo a este tipo de decisiones judiciales que resultan regresivas de los derechos humanos ambientales, culturales y en materia de movilidad. Desafortunadamente, es común que en estas primeras instancias las autoridades juzgadoras no atiendan los casos con perspectiva en derechos humanos y principios ambientales, lo cual ocasiona que se ponga en riesgo sitios de gran importancia ambiental como la zona de humedal en Xochimilco.
Por todo lo anterior, solicitamos al Tribunal Colegiado dejar sin efectos la sentencia del Juzgado de Distrito y proteger efectivamente el humedal de Xochimilco, así como los derechos humanos afectados.
#YoProtejoElHumedal
#HumedaleSíPuenteNo
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