Hemos terminado el primer tercio del año y seguimos trabajando por la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Les platicamos un poco sobre nuestras actividades durante abril.
Preocupa la obstrucción de la justicia y extravío de expedientes judiciales en el caso del “Tren Maya”
Se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes han presentado una demanda en contra del denominado “Tren Maya”, pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto.
Las conductas en que ha incurrido el poder judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público. Desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por personas indígenas, comunidades y afectados de los estados mencionados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.
Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable.
Después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos.
En un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido, hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente “extraviadas” o “no localizadas” y que ha sido solicitado por la parte quejosa.
Por lo anterior, hicimos un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes.
Seis historias de comunicadores indígenas evidencian que la defensa de los territorios es clave para preservar el planeta #EarthDay | #DíaDeLaTierra
El 22 de abril se dieron a conocer seis histoiras de defensa del territorio. Conocer las experiencias de los colectivos de comunicación propios de los pueblos originarios es fundamental sobre todo para tener un mejor vivir, en armonía y equilibrio con la naturaleza.
En el Encuentro Intercultural de Comunicadores Indígenas, seis colectivos de comunicación de pueblos indígenas de diferentes países de Centro y Sudamérica intercambiaron las experiencias de sus comunidades en defensa de territorios y formas ancestrales de vida.
En el encuentro participaron comunicadores del pueblo Mixe o Ayuujk de Oaxaca, México, que resisten al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; de los pueblos Yudja y Kiabi del Territorio Indígena del Xingú, Brasil, que defienden su territorio de las amenazas de la deforestación y los proyectos extractivistas; de las juventudes indígenas de Altamira, en el medio Xingú, afectadas por la represa Belo Monte; del pueblo Wayúu en La Guajira, Colombia, que ha sufrido por décadas las consecuencias de la explotación de carbón a cielo abierto; y del pueblo Maya, al sur de Belice, amenazado por proyectos extractivistas.
Visita el sitio http://intercultural.tierrapoderosa.org y encontrarás las seis animaciones que te permitirán conocer las historias de los comunicadores indígenas que participaron en el encuentro. Allí también podrás navegar por los proyectos y las problemáticas de cada uno de sus territorios.
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Tribunal federal revisará sentencia en contra del ayuntamiento de La Paz por falta de Verificación Vehicular
Junto con Cómo Vamos La Paz A.C (CVLP) presentamos un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado Federal, solicitando anule la sentencia del amparo interpuesto en contra el Ayuntamiento de La Paz, ya que permite se mantenga la omisión de las acciones necesarias para medir y reducir la contaminación emitida por los vehículos en el municipio.
En la resolución que se combate, el Juez determinó que la Presidenta Municipal y la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad (DGGC) tienen la obligación de llevar a cabo una verificación vehicular a todos los automóviles registrados en el padrón municipal. Sin embargo, señaló que el incumplimiento de la ley no le causa afectaciones a las organizaciones demandantes.
“Consideramos que la decisión deriva de una falta de interés y desconocimiento sobre los impactos negativos que representa el incumplimiento de la verificación vehicular en La Paz. Nos preocupa que el juez haya evadido la oportunidad de realizar un análisis de fondo sobre esta problemática, que no es menor y que debe ser atendida por el Ayuntamiento de La Paz, independientemente de las acciones legales interpuestas.” Señaló Mario Sánchez, Director Regional Noroeste del CEMDA.
En el amparo se reclamó la falta de implementación de un sistema de verificación vehicular en La Paz, así como la inexistencia de un inventario de fuentes móviles y de un sistema de monitoreo de la calidad del aire. Razones por las cuales el XVII Ayuntamiento de La Paz incumple la regulación ambiental y permite que se mantenga un incremento en la contaminación atmosférica.
Ante el considerable deterioro de la calidad del aire en La Paz y la mantenida violación las normas ambientales, hicimos un enérgico llamado a los ayuntamientos como del gobierno estatal, para que, independientemente de las acciones legales en curso se implementen las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire que respiramos las personas habitantes de sudcalifornia.
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