Foto: Carlos Fabian Terrazas Tzontecomani

En México, el modelo actual de desarrollo se basa en una economía “lineal” que se caracteriza por la extracción, consumo y disposición en masa. Este fenómeno ha aumentado la presión ejercida sobre el medio ambiente por la actividad económica. La desigualdad, el nivel de urbanización y el régimen jurídico son también causales que tienen una importante influencia en la presión sobre el patrimonio natural para satisfacer el consumo de la sociedad. 

Existen diversas disposiciones constitucionales que sirven de sólido fundamento y abren las posibilidades para generar sinergias e impulsar la transición hacia una economía circular, siendo que varios instrumentos legales ya consideran elementos de economía circular como aspecto fundamental para promover la productividad, gestionar los residuos, y mejorar la competitividad de los sectores productivos. 

Sin embargo, no hay ley de alcance nacional sobre Economía Circular y se carece de una política transversal con una visión de modelo de desarrollo unificado que facilite la transición hacia ésta.  Además, los mecanismos y procedimientos de implementación que permitan hacer operativas disposiciones legales estratégicas, son aún incipientes; por ejemplo, instrumentos económicos que apliquen el principio quien contamina paga/quien conserva se beneficia.  De hecho, la legislación mexicana se enfoca en establecer impuestos al trabajo o a la generación de riqueza en vez de gravar las externalidades y la contaminación. 

Transitar a una economía circular puede ayudar a reducir en un 40% las emisiones en el 2050 cuando se aplica a los sistemas de producción de cemento, acero, plástico y aluminio, y hasta un 49% cuando se aplican al sistema alimentario . América Latina y el Caribe puede ser la región que más se beneficie de esta transición, con más de 10 millones de nuevos empleos, especialmente en el sector de los servicios y el reciclaje. 

Desde CEMDA proponemos: a) Diseñar e implementar una política nacional de economía circular, con un enfoque preventivo e integral, que contenga medidas de comando y control necesarias, complementadas con incentivos para fomentar el rediseño de modelos de negocios y los procesos productivos hacia la circularidad; b) Contar con el marco legal necesario para evitar incentivos perversos para la generación de productos contaminantes innecesarios, incentivar la perspectiva de circularidad y  desincentivar la obsolescencia programada; y c) Regular la Responsabilidad Extendida del Productor y contar con un registro de bienes y prestadores de servicios circulares.