COP29: Nuevos retos, algunos avances y la controversia de los mercados de carbono como alternativa para el combatir el cambio climático.
En Bakú, Azerbaiyán, terminaron las actividades del segundo día de la COP29 sobre cambio climático, con enormes retos y algunos avances —con ciertos matices—. También fue el día de marcar nuevos caminos y nuevas soluciones para frenar el calentamiento global y evitar el colapso ecológico que podría avecinarse.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, fue claro tanto en recordar que “los pasos para aumentar el volumen de reservas de petróleo que disminuyen no tienen lógica” y que vivimos un “periodo de transición”. Guterres pidió a los participantes en la COP29 que asuman tres prioridades: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 9 por ciento al año de aquí a 2030; hacer más para proteger a la gente ante los desastres naturales, que son cada vez peores, y abrir las puertas a nuevos financiamientos climáticos.
Los primeros avances para lograrlo empezaron ya a verse. Por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, resaltó que, después de una década de trabajo, se acordaron ya los estándares para el mercado de carbono bajo el marco de la ONU. “Cuando sea operativo”, explicó Stiell, “estos mercados de carbono ayudarán a los países a implementar sus planes climáticos de manera más rápida y barata, dirigiéndose hacia la reducción de emisiones”.
La medida, sin embargo, no está exenta de polémicas. Los mercados de carbono son entornos económicos en los que se comercian “créditos” que simbolizan reducciones efectivas. Una empresa en una industria en la que es muy difícil reducir emisiones —una línea aérea, por ejemplo, o un fabricante de plástico— podría con esto financiar actividades que sí pueden hacerlo con mayor facilidad, invirtiendo, por ejemplo, en la restauración de ecosistemas forestales, que es una actividad que saca carbono de la atmósfera en proporciones importantes.
Aunque suena promisorio a primera vista, hay quien lo denuncia como el reconocimiento de un supuesto “derecho de hacer daño”, además de que implica riesgos importantes en el reparto de beneficios para quienes efectúan las reducciones sobre el terreno. La posibilidad de que estos créditos entren a un mercado financiero también ha generado múltiples desconfianzas.
Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental mantenemos la alerta sobre lo que pueda ocurrir a futuro en este tema y otros. Nos concentramos, también, en hacer que México efectivamente cumpla su parte y efectúe las reducciones prometidas.
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