• Lamentamos profundamente los asesinatos de los defensores de derechos humanos ambientales Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, quienes trabajaban a favor de la protección de la mariposa Monarca.
• Demandamos enérgicamente por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán una investigación exhaustiva que cumpla con la debida diligencia para sancionar a los responsables, partiendo de la defensa de derechos humanos como un elemento central en la estrategia de investigación.
• La reciente medida propuesta por SEMARNAT, sobre crear un cuerpo especial de protección a defensoras y defensores ambientales, con participación de Guardia Nacional es una medida reactiva e insuficiente.

Como integrantes de la sociedad civil dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos, lamentamos profundamente los asesinatos de los defensores del medio ambiente en el estado de Michoacán, Homero Gómez González, cuyo cuerpo fue hallado el día 29 de enero después de estar desaparecido por más de 14 días, y de Raúl Hernández Romero quien estuvo desaparecido desde el día 27 de enero hasta que se encontró su cuerpo sin vida el 1 de febrero. Ambos defensores habían denunciado en diferentes ocasiones la tala ilegal de los bosques, hábitat de las mariposas Monarca en Michoacán.

El contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sino también de la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad. En ambos casos la impunidad persiste [1]. Está situación de violencia y persecución en contra de estas personas defensoras se podría agravar a raíz de las recientes propuestas hechas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en particular la de crear un cuerpo especializado de protección a ambientalistas con participación de la Guardia Nacional[2].

Esta medida propuesta no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos. Al contrario, es una medida reactiva y limitada. Además, no está enfocada en generar mejores condiciones para la defensa de derechos humanos, sino que consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobre explotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas, como lo son el derecho a la tierra y al territorio, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.

Ante está situación, las organizaciones firmantes exigimos una investigación exhaustiva y diligente por parte de Fiscalía General del Estado de Michoacán,que incorporé la defensa de los derechos humanos de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero como principal línea de investigación.

A su vez hacemos un llamado al Gobierno de Michoacán a reconocer la labor de personas defensoras de derechos humanos, y a generar las condiciones necesarias para que defensores del medio ambiente ejerzan su labor en un entorno seguro y propicio.

Además hacemos un llamado a la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a que, a la brevedad y sin dilación, consolide un grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con participación de las personas defensoras de derechos humanos, que involucre a todos los niveles de gobierno y a las tres ramas del poder público, para generar acciones con un enfoque diferenciado y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, que garanticen el ejercicio al derecho a defender derechos humanos en un ambiente propicio.

Por último, exhortamos al Senado de la República a que ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, que representaría un avance clave para la defensa del medio ambiente al garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Cultura Ecológica A.C.; Comunicación y Educación Ambiental S.C.; Legado Sustentable; Eco Maxei Querétaro A.C.;Capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad; CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil; Naturalia, A.C;Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C.; MIGRAMAR; Alianza Jaguar A.C.; Grupo Ecológico Sierra Gorda; Carta de la Tierra, México; Asociación Ambientalista Los Guerreros Verdes, A.C.; Pronatura Veracruz A.C; Prodefensa del Nazas AC; Amigos de Sian Ka’an A.C; Bosque a Salvo IAP; SACBÉ-Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación A.C; Coalición en Defensa de los Mares de México, A.C.; The Hunger Project; OMCA; COMARINO; Cecropia, soluciones locales a retos globales AC; Sustentabilidad Acciones para la Vida; Flora Fauna y Cultura de México AC; Centro Ecológico de Akumal; Fundación Territorio Jaguar A.C.; Centinelas del Agua A.C.; Casa Wayuu; Onca Maya AC; Pronatura Sur; Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C.; Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C.; Ecobiosfera; Zoe-Tyxenai A.C.; Red de Género y medio ambiente; CIIDES; Consejo Biorregional de Bacalar; Grupo del Mayab A.C.; Proyecto Jaguar; Causa Natura A.C.; Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.; Iniciativa Climática de México A.C.; Raúl Benet; Luis Fueyo MacDonald; Tzinnia Carranza López; Tiahoga Ruge; M.Sc. María Esther Nieto Sánchez; M. en G. Alejandro Bravo Quezada; Marco Jericó Nava Martínez; Froilán Esquinca Cano; Ana Lilia Córdova Lira; M en C Mélina Soto; Dra. Cecilia Elizondo.