Junto a 37 organizaciones nos unimos al señalamiento para condenar la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Amparo, ya que consideramos que son un claro retroceso para la justicia climática, el derecho humano a un medio ambiente sano y el acceso a la justicia en asuntos ambientales según los estándares del Acuerdo de Escazú. Estas reformas eliminan los efectos generales de la suspensión contra normas cuya constitucionalidad esté impugnada durante el juicio de amparo, permitiendo que en casos donde se violen derechos ambientales, la suspensión sólo beneficie a quienes presenten el juicio, dejando al resto de la comunidad desprotegida y manteniendo la validez de la ley cuestionada para todos los demás.

Además de limitar el acceso a la justicia para defensores y afectados por normas generales, la reforma debilita la protección del derecho a un medio ambiente sano, cuya defensa beneficia tanto a individuos como a comunidades y al planeta entero. La suspensión con efectos generales es esencial para proteger los ecosistemas, los servicios ambientales y el sistema climático, bienes comunes que fundamentan el derecho a un medio ambiente sano. Permitir la vigencia de normas potencialmente dañinas mientras se impugnan perpetúa daños y violaciones contrarias a la protección constitucional y convencional de este derecho.

El Juzgado Primero de Distrito de Baja California Sur revocó la autorización ambiental del proyecto “Distrito Malecón” en La Paz debido a irregularidades en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). Este fallo judicial es resultado de un amparo que presentamos argumentando la falta de transparencia y espacios de participación pública durante el PEIA. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no cumplió con los requisitos legales para garantizar la participación pública y el acceso a la información, lo que impidió a la comunidad presentar observaciones sobre los posibles impactos del proyecto.

El proyecto “Distrito Malecón”, promovido por DECOPE Hotelera y Turismo S.A. de C.V., incluye un complejo habitacional, comercial y turístico en una superficie de más de 6 mil metros cuadrados frente al malecón de La Paz. La revocación subraya la importancia del acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan el entorno ambiental y urbano. Negar la participación pública deja un vacío significativo y es violatorio de los derechos humanos.

Ante el próximo inicio de una nueva administración federal, seguimos enfatizando en la importancia de atender de manera urgente las problemáticas ambientales en nuestro país en una agenda ambiental dirigida a los aspirantes a la presidencia de la República, Entre los puntos clave, se insta a la próxima administración federal a priorizar la expedición de una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque en derechos humanos, así como a dotar de presupuesto suficiente a las Áreas Naturales Protegidas para conservar la biodiversidad y los ecosistemas. Además, se hace un llamado para que el tema ambiental se incluya en los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), subrayando su importancia en la agenda política.

Por otro lado, resaltamos la necesidad de alejar a México de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética con fuentes renovables. Asimismo, destacamos la importancia de garantizar el acceso a la justicia ambiental y otorgar autonomía a las procuradurías ambientales, así como de fortalecer medidas de protección para las personas defensoras del medio ambiente. Hacemos hincapié en la importancia de transitar hacia una economía circular y en la protección de los mares y costas mexicanas, abordando aspectos como el ordenamiento ecológico y el desarrollo sustentable en estas áreas. Estas propuestas buscan que el medio ambiente y los recursos naturales sean prioridad en la agenda de la próxima administración federal, con el objetivo de salvaguardar la salud, la calidad de vida y la vida misma de la población mexicana.