Este año el Día mundial del medio ambiente está centrado en acabar con la contaminación por plásticos, una tarea urgente para todos y en la que vamos muy atrasados. La tasa de circularidad del planeta ha retrocedido en los últimos años a apenas 7 por ciento del total de materiales usados, y el informe más reciente al respecto, el Circularity Gap Report, afirma que América Latina—incluyendo México— está todavía peor, por debajo del 1 por ciento. Necesitamos fortalecer la legislación y, sobre todo, su implementación; obligar a las grandes empresas a asumir plenamente su responsabilidad extendida como productores, e invertir en capacidades e infraestructura para el reúso y el reciclaje.

Los esfuerzos legales contra la contaminación en México tienen ya más de medio siglo —en 1971 se aprobó en el Congreso la primera ley nacional para prevenirla—, pero en materia de plásticos la legislación es reciente y muy tardía. En los códigos sanitarios de los años 1920 y 1930 se hablaba ya de la basura y de los residuos y se contemplaba, aunque de pasada, la posibilidad de reutilizar los desechos, pero el enfoque era básicamente de salud, por lo que los plásticos no caían en ese ámbito.

Fue hasta 1982 que la Ley federal de protección al ambiente empezó a hablar de plásticos. Ahí se mandataba a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a propiciar que “el empaque y envase de productos (…) reduzca la generación de residuos sólidos”, y refiere específicamente a los plásticos, aunque remite su regulación específica a un reglamento que no se publicó. Desde entonces, y hasta esta década, fueron sucediéndose distintas normas —muy notablemente la Ley general para la prevención y la gestión integral de los residuos (LGPGIR), de 2003— más orientadas a limitar y delegar la responsabilidad de lidiar con los plásticos, que a atajar y reducir su uso y desecho.

En la LGPGIR se registraron avances muy importantes, como la provisión de que en la formulación de la política de residuos uno de los principios deberá ser la “responsabilidad compartida de los productores”, es decir, el reconocimiento de que lidiar con los desechos no es solamente responsabilidad de los gobiernos, sino también de quienes lanzan al mercado materiales que no se degradan y que terminan convertidos en basura.

La ley, sin embargo, se ha quedado en un deseo que no se ha cumplido. Los esfuerzos por acabar con los plásticos de un solo uso han quedado en manos de los estados, y son sistemáticamente desafiados en las cortes por los grandes generadores de basura —muy notablemente las refresqueras y las empresas de comida chatarra—, y muchas de las iniciativas sobre economía circular han resultado ser, en realidad, muy regresivas.

Así las cosas, necesitamos no solamente mejorar la legislación, sino también actuar para lograr una mejor implementación. En nuestro reporte sobre la gestión de residuos y su impacto tan terrible en muchos aspectos —desde la emisión de metano hasta la explotación de los trabajadores— propusimos varias soluciones: las propuestas están; hay que inyectar voluntad y fuerza para llevarlas a cabo.