Cambio climático y energía
Cambio Climático
El cambio climático es uno de los problemas más complejos y amenazantes que afronta la civilización actual.[2]
Como lo confirman los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), la pérdida de biodiversidad, el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la desertificación de los suelos son cada vez más frecuentes e intensos.
El cambio climático se ha convertido en una seria amenaza para los derechos humanos . Los efectos negativos del calentamiento global acentúan las desigualdades existentes y dificultan la satisfacción de las necesidades más básicas de la población más vulnerable.
México tiene el compromiso internacional de reducir en un 50% su emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2050, tomando como base su medición del año 2000[3]. De manera no condicionada, se compromete a reducir el 22% de GEI y el 51% de Carbono Negro, considerando una línea base de emisiones al 2030.[4] Sin embargo, de continuar con la tendencia actual, los sectores con mayor crecimiento y emisiones serían la generación eléctrica, con una tasa anual de crecimiento del 1.9% y el transporte con 3%.
Además, 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados.[5] Se calcula que el cambio climático implica para México un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto (PIB)[6]. El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves, impactando más en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.[7]
Actualmente, en México existe un desequilibrio entre el desarrollo de políticas de mitigación y las de adaptación, por lo que resulta indispensable impulsar estas últimas de manera preventiva para potencializar sus beneficios y también reducir los costos (económicos, sociales y ambientales) asociados. En ese sentido, resulta fundamental dar prioridad al tema de Adaptación Basada en Ecosistemas, desarrollando medidas a partir de las características y ventajas comparativas que los ecosistemas locales ofrecen y que estén orientadas a ayudar a que las comunidades, ciudades y personas puedan adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.
La toma de decisiones de la política, las medidas y el presupuesto (Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de cambio climático) deben ser transparentes y contar con criterios claros de asignación y ejecución, que sean acorde a Estrategia Nacional de Cambio Climático y al Programa Especial de Cambio Climático. Debe construirse un sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que facilite el seguimiento de resultados y la identificación de los recursos aplicados en combate al cambio climático. Asimismo, debe garantizarse la participación social en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Por otro lado, se debe promover una verdadera transición hacia la generación de energía por medio de fuentes renovables con garantías de transparencia y respeto a los derechos humanos; implementar medidas de eficiencia energética a bajo costo; disminuir pérdidas en la distribución y transmisión; y fomentar el desarrollo de sistemas descentralizados de energías renovables para el suministro a las comunidades rurales.
Debemos seguir impulsado que el país cuente con una legislación específica y programas encaminados a la reducción de las emisiones de metano (CH4). Este gas tiene un acentuado efecto en el cambio climático debido a su efecto modificador del clima: 25 veces mayor -en un periodo base de 100 años – al del dióxido de carbono (CO2). Las reducciones de metano hechas hoy, pueden tener un efecto tangible en el cambio climático del mañana.[8]
Energía
México presenta grandes retos y oportunidades en materia energética. Por un lado, a pesar de la mayor inversión para extracción de petróleo en la historia, entre 2003 y 2012, las reservas probadas de petróleo -nuestro principal insumo energético-, disminuyeron 31.2%.[9] Al mismo tiempo, enfrentamos graves impactos a la salud y al medio ambiente derivados de la generación y uso de la energía a partir de los hidrocarburos.
En términos de contribución al calentamiento del planeta, la producción de combustibles fósiles y su uso son los componentes más importantes de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya que aportan más del 60% de las emisiones totales. Por otra parte, las condiciones geográficas, geológicas y climatológicas de nuestro país le brindan un inmenso potencial para generar energía por medio de fuentes renovables, con lo cual podría terminar con su dependencia del petróleo y gas, combatir el cambio climático, y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
La transición energética justa debe fomentar proyectos que aseguren el acceso de toda la población a energías limpias y renovables, con redes inteligentes y suficientes; lo cual conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. Es imperioso el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas y equiparables cuyos territorios se vean afectados por la implementación de proyectos energéticos, especialmente sus derechos al territorio, a la información, participación y consulta.
En el caso de los hidrocarburos no convencionales resulta indispensable realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de apostar por el mal llamado “gas natural”, el cual es un gas fósil y también responsable del calentamiento global y de afectaciones a la salud de las personas. Asimismo, se requiere promover la aplicación del marco legal sólido específico para este tipo de energéticos, en particular el que regula las emisiones y fugas de Gases Efecto Invernadero como el metano. También resulta fundamental que no se comprometa la cantidad y calidad suficiente de agua para uso personal y doméstico en la realización de proyectos de energía.
Se deben priorizar las energías renovables por encima de las “tecnologías de generación limpia” que incluyen las de ciclo combinado, energía nuclear y carbo-eléctricas con tecnología de captura y secuestro de carbono e implementar proyectos de energía renovable con los menores impactos posibles en el medio ambiente y en la sociedad. Al respecto, se recomienda promover proyectos a pequeña escala, como la generación distribuida a nivel residencial y comercial, y evitar en lo posible el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable.
Finalmente, se requiere avanzar en el diseño e implementación de los instrumentos de política pública que permitan generar un entorno de mayor competitividad y certidumbre para las energías renovables, en un contexto de respeto a los derechos humanos de las comunidades donde se pretenden desarrollar los proyectos, así como crear mecanismos eficaces para otorgar co-beneficios a sus habitantes en concordancia con sus necesidades de desarrollo, establecidas bajo mecanismos de participación efectiva y transparente
.
[1] INECC-Semarnat (2016) Estimación de impactos en la salud por contaminación atmosférica en la región centro del país y alternativas de gestión. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208105/INECC_CAME_Final_14022017.pdf
[2] Martínez B., 2011. Economía del Cambio Climático en la Ciudad de México. Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 88 pp. file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Downloads/LIBRO_FINAL.pdf
[3] https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-presento-en-la-cop-22-su-estrategia-de-cambio-climatico-al-2050
[4] Evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental. Ver: http://www.oecd.org/env/country-reviews/evaluaciondelaocdesobreeldesempeoambientalmexico2013.htm
[5] Idem
[6] http://expansion.mx/planetacnn/2011/10/10/el-cambio-climatico-cuesta-a-mexico-60000-millones-de-dolares-al-ano
[7] La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) calcula que 805 millones de personas están crónicamente subalimentadas en 2012-14. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. En breve. Véase: http://www.fao.org/3/a-i4037s.pdf
[8] Centro Mario Molina y Environmental Defense Fund. Análisis Económico de las Oportunidades de Reducción de Emisiones de Metano en la Industria Mexicana de Petróleo y Gas Natural. México, D.F. 2015.Disponible en: https://www.edf.org/sites/default/files/content/301115_mexicomacreport_edf_espanol.pdf
[9] De 20 mil 077 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) pasaron a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las reservas probables disminuyeron en 27.2%, pasando de 16,965 MMbpce a 12,353 MMbpce. Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de energía 2014-2028. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf
[10] Ver más recomendaciones en el documento elaborado por CEMDA, disponible en: http://www.cemda.org.mx/proyectos-de-energia-renovable-y-proteccion-de-derechos-humanos/