Foto: Edgar Yepez Calles

México es el quinto país con mayor biodiversidad del planeta. Se caracteriza por su vasta cantidad de especies de flora, fauna y ecosistemas.  Gracias a esta biodiversidad  se dan los procesos que hacen posible nuestra forma de vida y el disfrute de diversos derechos humanos, entre ellos, el derecho humano al medio ambiente sano, a la alimentación y el al desarrollo, entre otros;  por lo que su protección y manejo sustentable revisten especial importancia.

No obstante lo anterior, en nuestro pais cada año aumenta el número de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a la fragmentación de ecosistemas, la sobreexplotación de especies y el tráfico ilegal.  Se calcula que, de las 81 mil 540 especies y subespecies descritas para México, más de dos mil están en alguna categoría de riesgo (peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial).  Es fundamental revertir la pérdida de biodiversidad y para ello, unode los principales instrumentos con los que se cuenta son las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Corredores Biológicos. En el país existen 226 ANP federales, con una extensión de 93 millones 944 mil 174 hectáreas. (Conanp, 2024)

Las ANP se encuentran, desafortunadamente, en una situación de extrema vulnerabilidad en razón de la falta de personal, programas de manejo y presupuesto suficiente.  Por otro lado, dado que buena parte de la biodiversidad se encuentra fuera de estos sitios, se requiere de la implementación de otras estrategias para unir y/o garantizar su conectividad.  Es necesario también, que se elaboren cuanto antes los programas de manejo para aquellas ANP que no cuentan con ellos, y que se actualicen y revisen los existentes si éstos tienen más de cinco años de haber sido expedidos.

Para velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en materia ambiental, se requiere fortalecer los instrumentos existentes para la toma de decisiones, así como lo relativo a los procedimientos de inspección, vigilancia y sanción, y a las instituciones responsables de llevarlos a cabo –la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) y las procuradurías estatales-.  

Es necesario también que tanto las ANP y otras herramientas como  el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)  garanticen el derecho al medio ambiente sano desde el estándar más alto de protección e incluir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como ejes transversales de todas las acciones sectoriales y la política pública.