En el último día de actividades del CEMDA en la COP30 en Belém participamos en un panel titulado Advancing Climate Accountability from a Legal Perspective: Challenges and Oportunities, el cual tuvo lugar en el pabellón Asia Solutions, el cual fue amablemente facilitado por nuestros aliados de la organización Solutions for Our Climate (SOFC) que se encuentra en Corea del Sur.

En el panel participaron Yujung Shin de SOFC, Adrián Martínez de La Ruta del Clima, Florencia Ortuzar, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), así como Úrsula Garzón, gerente de Defensa del CEMDA.

Las personas asistentes al panel discutieron la forma como podemos usar la ley para avanzar en la responsabilidad por los impactos climáticos, tanto en términos de transparencia como en reparación por pérdidas y daños. Al respecto, se destacó que el propio marco jurídico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), así como las recientes opiniones consultivas tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la Corte de Justicia Internacional relacionadas con el cambio climático son claras en señalar que la información es la clave para saber quién está efectivamente cumpliendo con la ley y si estamos realmente siendo efectivos con la reducción de emisiones. Asimismo, dichos instrumentos son clave al hacer legalmente responsables a los Estados de tomar medidas encaminadas a frenar el cambio climático, así como de construir rutas de acción hacia la atención de los países y comunidades que ya han sido afectadas por los impactos de la emergencia climática. 

La información oportuna y veraz respecto de las emisiones que están generando los Estados es fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas. Cuando no hay información o ésta no es precisa, no sabemos qué, cuándo y cómo actuar, más aún cuando la infraestructura de hidrocarburos ya está activa.

En México, de acuerdo con la regulación, se deben identificar, contabilizar y reducir las emisiones existentes. De igual forma, se deben evaluar las nuevas posibles emisiones a través de las evaluaciones de impacto ambiental, utilizando la mejor ciencia disponible, tomando en cuenta la emergencia climática, los derechos humanos y la salud.

Una de las conclusiones a las que se llegó en el panel es que la reducción de emisiones de metano no constituye actualmente un reto de tecnología o ciencia, sino de regulación y voluntad política.