El pasado 15 de enero, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunitario indígena de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, desaparecieron después de salir de una asamblea comunitaria en el traslado de Aquila a la ciudad de Colima. Viajaban en una camioneta que momentos después fue encontrada en la carretera federal cerca de Cerro de Ortega con impacto de bala, pero sin la presencia de los dos defensores.

 

Ricardo Lagunes es un abogado que desde hace 20 años ha acompañado a comunidades en la defensa de sus derechos humanos y sus territorios frente a megaproyectos por lo que fundó la organización Asesoría y Defensa Legal del Sureste. Antonio Díaz Valencia es comunero de Aquila, Michoacán, líder comunitario del Ejido de Aquila y defensor del medio ambiente. Ricardo y Antonio han estado colaborando en la defensa de los derechos humanos e indígenas frente a la amenaza de la minería en la región. Ante el hecho de que estás actividades en el contexto mexicano están consideradas como de alto riesgo, Ricardo estaba registrado en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

 

Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), hemos venido documentado, durante los últimos nueve años, las agresiones hacia las personas defensoras del medioambiente a través de un  informe anual (disponibles en www.cemda.org.mx). Estos informes evidencian que está situación no es particular de este caso, sino un reflejo del panorama general de agresiones hacia las personas defensoras. En el año 2021, registramos 238 agresiones y 25 personas defensoras fueron asesinadas. Con base en el análisis que estamos realizando actualmente de los datos del año 2022, podemos confirmar que sigue preocupante la situación. Nos consterna y preocupa que la cantidad y complejidad de las agresiones está aumentando en los últimos años, por lo que urge que se tomen medidas para dar un alto a las agresiones y la criminalización de las personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos.

 

En el marco del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que firmó México en 2018 y ratificó en 2020, el Estado Mexicano debe garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden derechos humanos en asuntos ambientales; debe tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, a reunirse y circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. El gobierno de México debe tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensores.

 

En este sentido, exigimos de las autoridades competentes  tomar las medidas necesarias, suficientes y urgentes tendientes a localizar con vida y asegurar la integridad personal de los defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, así como la investigación y sanción de los responsables. También hacemos un llamado al gobierno a tomar todas las medidas apropiadas y de conformidad con el artículo 9o. de Escazú para que las personas defensoras puedan realizar su labor en un entorno seguro, pues recordemos que las personas defensoras son agentes democráticos para la discusión de las ideas, así como cuidadores y cuidadoras de la vida donde comprometen su energía vital para proteger los bienes comunes de cuyos beneficios dependemos todas las personas.

Fotografía: Especial.