Foto: Jonathan Vargas

La efectiva protección ambiental es uno de los grandes retos para garantizar que toda persona pueda tener una vida digna y un desarrollo adecuado y la continuidad de la vida. Para hacer frente a este reto, nuestro país cuenta con herramientas tanto nacionales como internacionales que promueven el desarrollo sostenible y la protección de derechos humanos. La última de ellas es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Una base esencial para lograr una efectiva protección ambiental son los “derechos de acceso” es decir, los relativos al acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, pilares procedimentales de la democracia que conforman oportunidades para los ciudadanos, obligaciones del Estado y lineamientos de política pública, para una eficaz gobernanza ambiental que pueda servir para la mejor toma de decisiones en asuntos ambientales.

Los “derechos de acceso” permiten a las personas instrumentar y acceder a otros derechos humanos, además, les permiten conocer la acción gubernamental en materia ambiental, sino que obligan al Estado a adoptar todas las medidas posibles para permitir el acceso a la información ambiental, garantizar la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

En suma, una participación amplia del público y el acceso a la información en procedimientos judiciales y administrativos en materia ambiental, son esenciales para promover la efectiva protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Desde el CEMDA impulsamos la suscripción y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano, lo cual ocurrió en 2018 y en 2021, respectivamente. Actualmente, participamos en acciones encaminadas a garantizar la adecuada implementación del Acuerdo, así como impartiendo talleres de capacitación sobre Escazú y los derechos de acceso, los cuales están específicamente diseñados para mujeres, juventudes, personas defensoras de derechos humanos ambientales, así como personas legisladoras y tomadoras de decisiones.

Asimismo, realizamos diversas acciones para que se garanticen estos derechos de acceso en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), en la Denuncia Popular, y en diversos espacios de información y participación.