• El Acueducto Independencia en Sonora se ha construido en desacato de órdenes judiciales, en las cuales se ha demandado al gobernador Padrés la suspensión de la obra.
• La obra quitará agua a la comunidad Yaqui, alterará los patrones hidrológicos de la región y afectará los humedales.

 

Para su Publicación

México D.F. a 15 de mayo del 2012.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) lamentó profundamente y alertó sobre la gravedad de que el presidente Felipe Calderón avale una obra como el Acueducto Independencia en el estado de Sonora, la cual se ha construido de forma ilegal, violando incluso órdenes judiciales en las que se ha demandado suspender la construcción -incluso apercibiendo al gobernador Guillermo Padrés que de no actuar se procedería a utilizar la fuerza pública-, a pesar de lo cual se ha negado a acatar la ley.

 

Adicionalmente, tanto el gobernador de Sonora como el presidente Felipe Calderón desinforman a la población en el caso de esta obra, puesto que el proyecto no es para dotar de agua para consumo humano a la ciudad de Hermosillo, como se afirma, puesto que el agua que se llevará debe antes ser potabilizada para cumplir con los estándares de consumo humano. Al respecto, el gobierno de Sonora rechazó llevar a cabo acciones inmediatas y más baratas como reparar la red de agua potable, la construcción de tratadoras de agua y llevar a cabo canje de agua con productores de la costa por los 80 millones de metros cúbicos que se recuperarían; la compra de 18 pozos en la costa, o bien la construcción de una planta desaladora de agua.

 

Resulta paradójico que el proyecto del Acueducto Independencia, el cual quitará agua del Rio Yaqui que abastece a la comunidad indígena del mismo nombre, esté enmarcado en el programa SonoraSI, el cual tiene como objetivo precisamente resolver los problemas de acceso al agua del pueblo sonorense.  Cabe señalar, además, que el argumento del presidente de señalar que el fin supremo de esta obra es el consumo humano es falaz, toda vez que en la Cuenca del Río Sonora (donde se ubica la ciudad de Hermosillo) no se da prioridad al consumo humano como lo exige la Ley de Aguas Nacionales; sino que se gastan cientos de millones de metros cúbicos en la agricultura, la ganadería y la industria, manteniendo a la población con tandeos de agua.

 

Desde febrero de 2011, al participar en la consulta pública de este proyecto, el CEMDA señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.

 

A pesar de estos señalamientos y de las órdenes judiciales de detener la obra, la autoridad responsable, Fondo de Operación de Obras SonoraSI, decidió seguir adelante llevando a cabo el levantamiento topográfico, la mecánica de suelo, el proyecto ejecutivo del trazo por donde se colocará la tubería y otras actividades.

 

El 19 de agosto del 2010 la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego 4-P-4 en Sonora, presentó una demanda de amparo en la cual se reclaman las violaciones a los derechos constitucionales por la construcción del Acueducto Independencia. El 31 de agosto de ese mismo año la jueza octava de distrito en el estado de Sonora dictó la suspensión de los actos reclamados y el 5 de octubre dicha jueza notificó al gobernador Padrés Elías la suspensión de la licitación pública. Sin embargo, el gobierno estatal violó las suspensiones provisionales concedidas por la autoridad judicial y continuó con la obra.

 

La violación de la suspensión provisional fue denunciada por la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas, formándose como consecuencia de ello un incidente de desacato. En marzo del 2011 la juez resolvió que la autoridad responsable, en este caso el Fondo de Operación de Obras SonoraSI, efectivamente incumplió la suspensión de dejar insubsistente el fallo de la licitación y las consecuencias derivadas del mismo[1], resolución que fue confirmada el 14 de julio de 2011 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 17/2011.

 

Ante la rebeldía de las autoridades, desde el 2 de septiembre de 2011 el Juez Octavo de Distrito requirió de nueva cuenta al superior jerárquico, pero en este caso apercibiéndole que de no dar cumplimiento se haría uso de la fuerza pública para detener la obra del Acueducto Independencia.

 

Por otra parte, el pasado mes de marzo, el ejido Lázaro Cárdenas obtuvo la suspensión definitiva de las obras y de cualquier acto de autoridad que pueda dañar a los afectados por la construcción del Acueducto esto dentro del juicio de amparo en materia agraria 254/2012. Dentro de dicho juicio eljuzgado Octavo Distrito en el estado de Sonora, decretó “la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran en relación a la ejecución de los actos reclamados”.

 

Adicionalmente a las órdenes judiciales, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado que el proceso de licitación ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción del Acueducto Independencia no se ajustó a las formalidades de la ley y estuvo plagado de irregularidades.

 

Gustavo Alanís, director general del CEMDA, señaló que “es sumamente grave que a pesar de todas estas irregularidades, el presidente de la República, quien debería ser el principal comprometido con el cumplimiento de la ley, se preste a avalar esta obra y las violaciones sistemáticas en que ha incurrido el gobernador Padrés”.

 

Asimismo, apuntó que “no se puede pretender llevar a cabo obras arguyendo que son para beneficio de la mayoría, pasando por encima de la ley y de los derechos fundamentales de las comunidades” y demandó tanto al gobernador como al presidente cumplir con la Constitución, respetando la autoridad e independencia del poder Judicial.