El pasado 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió, justificándose de manera absurda y sin sentido en la crisis sanitaria por el COVID-19, el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. El acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Esto tiene implicaciones muy graves en materia de salud y de emisión de gases de efecto invernadero.
Además, las modificaciones que se realizaron atentan contra el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Como resultado se limita la operación de plantas de generación renovable y se frena la entrada en operación de nuevas planas que ganaron las subastas de energía.
En este sentido, sostenemos que las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía.
Al adoptar estas políticas de SENER, México será el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son:
● La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80% de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno;
● La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024;
● La cancelación de subastas de energía limpia;
● La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia;
● La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm).
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