Recientemente se ha dado a conocer el Segundo Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, en el cual se incluye un apartado sobre los defensores y defensoras del derecho a un medio ambiente sano.

Con relación al caso de México, la CIDH señala que “los ataques, agresiones y hostigamientos a defensoras y defensores ambientales visibilizan la problemática sobre el incumplimiento de sus obligaciones en materia de protección medioambiental del Estado, en muchos casos a través del incumplimiento de la legislación interna, el cual genera una situación de conflicto entre industrias y comunidades aledañas a proyectos”.  La Comisión recibió información sobre varios obstáculos para el trabajo de defensores del medio ambiente relacionados con el desarrollo de industrias extractivas en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá, Perú y México.

Si bien el informe señala que “gran parte de los proyectos desarrollados por industrias extractivas se ha dado como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio y los compromisos de aumento de la inversión extranjera en algunos Estados”, se apunta que “los asesinatos y otras violaciones sufridas por las defensoras y defensores ambientales demuestran una tendencia regional en el contexto de la industria extractiva, la cual, no se limita tan sólo a la minería, sino que se extiende también a otros ámbitos como el de explotación maderera de los bosques”. Para el caso de México, durante el período de 2006 a 2012, indica que habrían sido asesinados cuando menos 12 personas, que incluyen tanto funcionarios públicos como personas civiles, defensoras del derecho al medio ambiente.

El Informe cita los casos de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) asesinado el 27 de noviembre de 2009 fuera de su domicilio en la comunidad de Chicomuselo; Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), asesinado el 14 de marzo de 2008 cuando viajaba por Nuevo Casas Grandes; Ernesto Rábago Martínez; integrante de la organización Bowerasa (Haciendo Camino)  asesinado el 2 de marzo de 2010 en Chihuahua; Aldo Zamora, campesino tlahuica, asesinado el 17 de mayo de 2006 presuntamente por un grupo de talamontes ilegales; Fernando Mayen, abogado y miembro de la comunidad San Luis Ayucan, Municipio de Jilotzingo, Edo. de México (Consejo Técnico de Ciudadanos de Jilotzingo), su cadáver fue hallado en su automóvil el 12 de marzo de 2008, en la carretera que une Ciudad de México y Toluca; Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, Inspectores de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Valentín Reyes García, Representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, asesinados en el centro de México, los cuatro estaban en la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, investigando los impactos ambientales de la mina “La Guitarra.”; Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, asesinados en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero el 26 de junio de 2009; Francisco Quiñones, oponente a las actividades de la empresa Minera en Peña Colorada en el Estado de Jalisco, asesinado el 11 de marzo de 2006; así como de Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán,  quien trabajaba en defensa del agua y la tierra–, y habría sido ultimado el 31 de octubre de 2009”.

Para más información, consultar aquí el informe completo de la CIDH.

http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf