El pasado 5 de mayo, el relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al saneamiento, Sr. Léo Heller, acudió a los municipios veracruzanos de Filomeno Mata y Papantla donde realizó recorridos y escuchó a las distintas comunidades y organizaciones que trabajan para la salvaguarda de esos derechos. Allí las comunidades y las organizaciones urgieron la necesidad de que el Estado mexicano: (i) proteja los recursos de agua de los pueblos indígenas y campesinos, (ii) reconozca jurídicamente los sistemas tradicionales de abasto de agua con los que las comunidades se autoabastecen del vital líquido, (iii) articule de mejor manera la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y (iv) desarrolle mecanismos culturalmente adecuados para el acceso a la información y participación en la toma de decisiones, particularmente en lo que se refiere a la expedición de títulos de concesión y ordenamiento del territorio.

Los problemas relacionados con los derechos al agua y al saneamiento son particularmente visibles en Veracruz, donde datos oficiales muestran serios problemas, por ejemplo, la infraestructura hidráulica está deteriorada, hay deficiencias graves en los modelos de administración y gestión en los organismos operadores de agua, la cobertura rural del alcantarillado no llega a 63%, es mínimo el porcentaje de las aguas servidas que recibe algún tratamiento y existen altos índices de contaminación en las 14 cuencas del Estado. Amén de ello se erigen nuevas amenazas como es que se proyectan más de un centenar de proyectos hidroeléctricos y mineros a cielo abierto, en particular los de Caballo Blanco y El Cobre, en las inmediaciones de la única planta nucleoeléctrica del país.

En la reunión efectuada en el municipio totonaco de Filomeno Mata, Veracruz, participaron los pueblos totonaco y maseual de la Sierra Norte de Puebla, y organizaciones como CORASON (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el Totonacapan), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Consejo Tiyat Tlalli, la Cooperativa Tosepan Titataniske y la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla, los cuales expusieron 6 casos que expusieron las violaciones al DHAyS provocadas por proyectos mineros, hidroeléctricos, contaminación y la falta de infraestructura.

Posteriormente se dirigió al ejido Emiliano Zapata en el municipio de Papantla, Veracruz, para un recorrido donde pudo ser testigo de los graves daños provocados por la industria de los hidrocarburos a fuentes de agua para uso humano, afectando la disponibilidad, accesibilidad, y calidad del agua.

En reunión privada con organizaciones como LAVIDA, RUDH, y la Alianza Mexicana contra el Fracking, pudo escuchar el testimonio de habitantes del municipio Fco. Zeta Mena en Puebla que también sufren los daños a fuentes de agua dulce por la extracción de hidrocarburos con la técnica de fracking. Además se señaló la opacidad, nula información y consulta para la implementación de esta técnica. Se destacó que el fracking implica el uso desmedido de agua dulce (la cual es mezclada con un cóctel de sustancias tóxicas) y su contaminación poniendo en riesgo el agua para consumo humano.

Las organizaciones refirieron que el encuentro tenía lugar en territorios ancestrales de pueblos indígenas y campesinos, y que ellos, con absoluta independencia de las autoridades, han construido sistemas de abasto de agua que se rigen por usos y costumbres. Igualmente refirieron que los llamados proyectos de desarrollo representan un riesgo y/o han lesionado el derecho al agua y al saneamiento de las comunidades y pueblos toda vez que las autoridades mexicanas, por acción u omisión, se han abstenido de cumplir las obligaciones que están contenidas en la Observación General 15, por lo que existe un patrón sistemático de violación a ese derecho por parte de las autoridades. En su opinión para detener el patrón sistemático y reparar los daños el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la consulta previa libre e informada respecto de la expedición de cualquier título de concesión (v.gr. agua, hidrocarburos y minería), eficientar la articulación-coordinación entre las autoridades, lo que implica el acceso a la información completa y veraz, la participación en la toma de decisiones, el reconocimiento de los sistemas tradicionales, el manejo integrado de la cuenca y la puesta en marcha de ordenamientos territoriales.

Atentamente.