- Se aprueba la metodología para elaborar o actualizar los Planes a nivel nacional; México no presentó su Hoja de Ruta.
- Sigue pendiente otorgar un sitio expreso en la institucionalidad del Acuerdo para pueblos indígenas y comunidades. Faltan definiciones sobre la necesidad de financiamiento para próximas COP.Ciudad de México, 1 de mayo de 2026
Ciudad de México, 1 de mayo de 2026
La Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) logró avances importantes al aprobar la metodología para elaborar o actualizar los Planes y las Hojas de Ruta para su implementación a nivel nacional. Asimismo, se destaca también como un logro, la presentación de la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género realizada en coordinación con ONU-Mujeres.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en el entorno ambiental, así como aplicar y fortalecer elementos relacionados con la protección de derechos a un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
La COP4, que se llevó a cabo del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, dejó también pendientes importantes. Uno de ellos es que los pueblos indígenas y las comunidades locales aún no cuentan con un sitio expreso en la institucionalidad del Acuerdo, lo cual dificulta garantizar una perspectiva pluricultural necesaria para la aplicación efectiva de los derechos de acceso y el Acuerdo de Escazú. Tampoco se lograron avances ni surgieron propuestas concretas para solucionar la falta de recursos para financiar las próximas Conferencias de las Partes y para apoyar aspectos estratégicos que permitan su debida implementación.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Iniciativa de Acceso México[1] consideramos positiva la creación de dos nuevos grupos de trabajo especializados en materia de Registro de Emisiones de Contaminantes (RETC) y en Acceso a la Justicia Ambiental. Asimismo, como ya se mencionó, se presentó la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género. Se requiere ahora el compromiso de los Estados Parte de cumplir las demás disposiciones de la Decisión III/4 tales como fomentar la participación de las mujeres, incluidas las indígenas, en los Planes y Hojas de Ruta de implementación nacional, entre otros aspectos.
A la fecha, los Estados Parte que han presentado una Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo son Argentina, Belice, Chile, Ecuador, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Panamá y Uruguay. El Estado mexicano aún tiene pendiente presentar la suya.
Respecto de la actuación de la delegación mexicana en Nassau, consideramos que se mostró liderazgo en impulsar la participación significativa del público y confirmar la participación del propio gobierno mexicano en los grupos de trabajo recién creados (RETC y Acceso a la justicia en asuntos ambientales).
Por otra parte, el gobierno mexicano informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) jugará un rol estratégico para el trabajo de implementación a nivel nacional. Señaló también que actualmente se está trabajando en los documentos de diagnóstico, a fin de iniciar la construcción de la Hoja de Ruta.
Al término de la Conferencia se estableció una nueva Mesa Directiva integrada por San Cristóbal y Nieves en la Presidencia, Colombia, Belice, Panamá y las Bahamas en las Vicepresidencias.
Como organizaciones de la sociedad civil mexicana ratificamos nuestro interés en que la Hoja de Ruta del Acuerdo de Escazú se construya con la participación efectiva del público que se ha ocupado de promover la implementación de dicho instrumento, particularmente las personas defensoras ambientales. Invitamos a fortalecer la gobernanza ambiental en la región y continuar trabajando a fin de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
[1] Coalición conformada por el Centro de Colaboración Cívica (CCC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental (CEA) y Cultura Ecológica (CEAC), que desde el año 2000 participa directamente y brinda seguimiento a la implementación de los derechos de Acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.