La 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que tuvo lugar en Belem, en Brasil, entre el 10 y el 22 de noviembre, cerró con acuerdos y dejando atrás los peores temores, pero esos acuerdos son notablemente insuficientes y están lejos de asegurar que el calentamiento global se mantendrá debajo de los 1.5 grados centígrados. Lo que sigue ahora es la lucha a nivel nacional y a ras del suelo para que se cumpla lo prometido, para construir un mejor país y para restaurar el planeta que ya de por sí hemos maltratado. En la arena internacional se abren, además, nuevos espacios y foros para no perder el paso.

Con la firma, en tiempos extra, de una declaración final se conjuraron los peores temores de que no hubiera ni siquiera acuerdo y de que la herida al multilateralismo internacional fuera mucho más severa de lo que se ha visto hasta ahora. En un contexto en el que Estados Unidos —uno de los pesos pesados internacionales y uno de los mayores responsables de la crisis climática— no asistió a la reunión, ya tener una declaración, aunque esté lejos de lo necesario, es un alivio.

En esa declaración, además, sí se registraron algunos avances. Se acordó, por ejemplo, la instauración del Mecanismo de Belem para la Transición Justa -conocido coloquialmente como BAM-, que velará por el respeto a los derechos de los trabajadores y de las comunidades indígenas, además de un financiamiento que apoye la transición con justicia y respeto por la diversidad, siempre en el marco del principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada.  

Con todo, el documento final , contribuye muy poco a la meta de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero hasta el punto en que el mundo no se caliente más de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. La oposición de los grandes productores de hidrocarburos impidió que en él se hiciera mención del gas, el petróleo y el carbón como responsables de la crisis, y tampoco se aprobó la hoja de ruta que buscaban los anfitriones brasileños para tener claro cómo será la transición hacia las energías limpias y renovables.

En respuesta a ese triunfo pírrico en Belem, los Países Bajos y Colombia anunciaron que convocarán en 2026 una conferencia para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La reunión, que en principio tendrá lugar en abril próximo en el país latinoamericano, servirá para potenciar la cooperación y eliminar los combustibles fósiles de la matriz energética del globo.

En la arena nacional, entre tanto, ha habido grandes noticias climáticas. Aunque queda mucho trabajo por hacer, la nueva Contribución Nacionalmente Determinada de México (NDC 3.0) supone una mejora sustantiva respecto de lo que se había visto hasta ahora. La secretaria Alicia Bárcena presentó un documento que aumenta la ambición climática del país y ha sido receptiva a las críticas y aportaciones de la sociedad civil. Sin embargo, siguen preocupando contradicciones como la apuesta que el país sigue haciendo por el gas fósil —incluyendo el anuncio de reanudar actividades de fracking—, y tampoco queda claro de dónde saldrán los recursos para poder ejecutar la NDC y alcanzar las metas que plantea, toda vez que el presupuesto público sigue siendo insuficiente y los fondos del Anexo 16 se están utilizando para otros fines que no abonan a la mitigación de gases efecto invernadero.

Los retos y la urgencia de la lucha, sin embargo, siguen siendo significativos. Desde la sociedad civil mexicana seguiremos trabajando para que los combustibles fósiles se queden bajo tierra, porque no sólo hacen daño a la atmósfera global. Sus daños se dan desde que se los extrae —hemos documentado, por ejemplo, el impacto tan terrible que el flaring en los pozos extractivos tiene sobre la salud prenatal, de las mujeres y de los niños— hasta que se los quema en nuestras ciudades —nuestros informes sobre contaminación atmosférica documentan con claridad el daño que hacen a todas las personas en las ciudades—.

Sigue igual de vigente o más el compromiso con las comunidades amenazadas por los grandes proyectos que destruyen el medio ambiente. La situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales sigue siendo muy precaria, y el año pasado al menos 25 de ellas perdieron la vida. Defender a los defensores, encontrar y construir caminos para una relación más sana con el planeta, impulsar medidas para recuperarlo siguen siendo las claves de un futuro mejor.