El trabajo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) en el cuarto día de la COP30, que se celebra en Belém, Brasil, se enfocó fundamentalmente en las personas defensoras ambientales y los derechos humanos.

Es importante señalar que el CEMDA ha cubierto desde hace más de 15 años las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y podemos destacar como una señal positiva el que los derechos humanos ya forman parte de la agenda, cuando hace varios años la lucha contra el cambio climático se limitaba a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, los años han pasado, los fenómenos meteorológicos golpean cada vez más fuerte a las comunidades, poblaciones y personas, ocasionando destrucción material y lamentables pérdidas de vidas humanas. Por ello, cada vez queda más claro que “la crisis climática es una crisis de derechos humanos” y que “no puede haber justicia climática si no hay justicia social”. Es así que llegamos a la COP30, en Brasil, considerada la “COP de los pueblos indígenas” y en la cual participan más de 900 indígenas en la llamada “zona azul”, donde ocurren las negociaciones oficiales. 

Estos fueron algunos de los mensajes que se repitieron en los eventos a los que acudimos este día. El primer de ellos, titulado Protecting Environmental Defenders: Advancing de Escazú Agreement, organizado por el diario británico Financial Times y Open Society Foundations, se enfocó en la forma como el acuerdo se está implementando en la región latinoamericana y cuáles son los retos pendientes. 

Al evento acudió Camila Zepeda, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien señaló que México cuenta con ecosistemas amplios, muchos de ellos en zonas muy remotas, lo cual dificulta la vigilancia por parte de la autoridad y, por ende, la posibilidad de proteger a las personas que defienden dichos territorios.  Reconoció que México tiene un reto pendiente en materia de aplicación de la ley y que en muchos sentidos se encuentran rebasados en cuanto a las capacidades para hacer frente a la situación de violencia contra las personas defensoras. 

A pregunta expresa de nuestro director ejecutivo, Gustavo Alanís, Zepeda Lizama dio que México está trabajando en la implementación de la hoja de ruta; ya se cuenta con el diagnóstico para el cual -dijo- CEMDA ha aportado valiosa información, pero ahora “tenemos que buscar la coordinación interinstitucional para ponerlo en la ley y que el resto de los ministros tengan la obligación de cumplir.”

Por su parte, Binaifer Nowrojec, presidenta de Open Society Foundation apuntó que si bien Latinoamérica lidera el camino en términos de violencia contra personas defensoras, también lo hace en cuanto a instrumentos legales internacionales para buscar su protección, como es el Acuerdo de Escazú. Coincidió con ella, Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien dijo que hasta el momento el Acuerdo ha sido ratificado por 13 países y ahora trabajan en un Plan de Acción para Proteger a los Defensores. 

 

Evento Protecting Environmental Defenders: Advancing de Escazú Agreement, organizado por el diario británico Financial Times y Open Society 

 

Hacia una red internacional de personas defensoras

Más tarde acudimos a la presentación de la Red de Líderes y Defensores Ambientales (LEAD, por sus siglas en inglés), donde escuchamos la participación de diversos Relatores de Naciones Unidas para temas de derechos indígenas, ambientales y de derechos humanos, así como testimonios de personas defensoras ambientales de diversos países de América, Europa y África, principalmente.

El punto de coincidencia es la situación de violencia que enfrentan; en África, por ejemplo, lamentaron no contar con un Acuerdo similar a Escazú, que les permitiría tener instrumentos institucionales para exigir mayor protección. Los asistentes coincidieron en que únicamente sumando fuerzas y estando unidos es posible lograr mayor presión para que las autoridades garanticen el derecho de las personas a defender su tierra, territorio y recursos naturales.

En dicho evento, Gustavo Alanis tuvo la oportunidad de conversar con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet respecto de la iniciativa empujada desde que ella era la mandataria de este país, para avanzar hacia una protección institucional de las personas defensoras del medio ambiente.

Gustavo Alanís con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet

 

Cierre de los días por la Justicia Climática y los Derechos Humanos

Por la tarde acudimos a la clausura de la jornada por la Justicia Climática y los Derechos Humanos, impulsada por la presidencia de la COP30. En ella tuvimos la oportunidad de presentar las conclusiones del evento que realizamos el 12 de noviembre en el Amazon Climate Pavilion de la organización Arayara.

Nuevamente, comentamos frente a los relatores de Naciones Unidas, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos en diversas partes del mundo, que en la región de América Latina, muchos países compartimos la misma problemática, bajo la cual, detrás de la retórica del “gas de transición” el gas fósil se presenta como la nueva forma de colonización del Norte Global para imponernos sus proyectos de hidrocarburos. 

Al respecto, expusimos que los proyectos de gas, en toda su cadena, desde la extracción, transporte, almacenamiento y quema, generan emisiones de metano y otros componentes tóxicos que afectan la salud, la tierra, el territorio y la forma de vida de las comunidades en donde se instalan.

 

El papel de los jueces en la lucha climática

Finalmente, nuestro director ejecutivo, Gustavo Alanís Ortega, participó en el panel: Judges and Climate seen by Civil Society and the UN System, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil donde se discutió y analizó el rol de los jueces en materia ambiental y climática.

Ahí, apuntó cuál es la expectativa que tienen las personas defensoras de los jueces que están involucrados en temas climáticos, señalando que los jueces deben aplicar apropiadamente el Acuerdo de Escazú, no sólo en lo relativo a los defensores ambientales, sino también hacer una interpretación conforme a los asuntos que se les presente y buscar que efectivamente se resuelva la problemática ambiental con un enfoque de derechos humanos. De igual forma, los jueces deben considerar a las personas defensoras como un grupo en situación de vulnerabilidad, que requiere protección especial dada la incidencia de ataques, amenazas e intimidación que hay en su contra. Desde el poder judicial se debe entender que la defensa del medio ambiente y la justicia climática son formas específicas del derecho a defender los derechos humanos, por lo que su protección debe ser integral.