Al igual que el Planeta, México se encuentra en un momento crítico frente a los desafíos ambientales que definirán el presente y futuro que dejaremos a las próximas generaciones.

La emergencia climática requiere tomar acciones urgentes e inmediatas para frenar el calentamiento global, contribuir al bienestar de las personas y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.

Nuestro país necesita combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Para lograr lo anterior, proponemos impulsar, con el apoyo de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUYENTE.

En esta ruta, los combustibles fósiles deben quedar fuera del futuro energético de México, empezando por el carbón y el combustóleo, que en el corto plazo deben considerarse combustibles prohibidos por ser altamente contaminantes del aire, del agua, suelo y océanos, afectar gravemente la salud de las personas y generar emisiones que contribuyen a agravar la crisis climática planetaria.

La ruta de transición energética que proponemos incluye:

1. Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo, para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón.

2. Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón.

3. Construir un sistema energético incluyente. Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético.

4. Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales.

5. Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos.

6. Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática.

7. Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales.

8. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Aprovechemos la oportunidad de construir colectivamente una política energética transparente, justa, incluyente, que garantice la protección de los derechos humanos y que sea sustentable, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país y todas y todos sus habitantes.

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Datos de contacto: Ricardo Ruiz ricardo_ruiz@cemda.org.mx