- Expositores insistieron en la necesidad de modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) para generar certeza jurídica a los actores involucrados en la realización de proyectos de desarrollo.
- La cuantificación de los servicios ambientales y de los impactos sociales permitiría evitar casos como el de Tajamar, en Quintana Roo.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA) llevó a cabo el pasado 22 de junio un evento de presentación del Estudio titulado Valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos vinculados con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA): Caso de estudio 1) Cabo Dorado 2) La Parota y 3) Eólica del Sur.[1]
El estudio elaborado por el Dr. Daniel Revollo Fernández, doctor en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la UNAM, tiene el objetivo de analizar, sobre experiencias de proyectos de desarrollo reales en México, la relevancia de cuantificar a través de metodologías estandarizadas, los servicios ambientales de la región en la cual se piensa llevar a cabo el proyecto, así como los impactos sociales que la realización del mismo tendría sobre la comunidad. Esto con el fin de que esta información se incluya en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), y permita brindar mayor certidumbre jurídica a todos los actores involucrados; esto es, el gobierno responsable de brindar las autorizaciones, los inversionistas interesados en desarrollar el proyecto y la comunidad que habita en la zona.
Al respecto, Daniel Revollo señaló que la implementación de cualquier tipo de proyecto en determinada área del territorio nacional, ya sea energético, turístico, de extracción minera o de infraestructura –entre muchos otros- genera tanto beneficios y costos privados, como beneficios y costos ambientales y sociales. En términos económicos y de bienestar, estos beneficios y costos sociales están estrechamente ligados con el término de las externalidades (positivas y negativas). El hecho de no incorporar estas externalidades en el análisis económico de los proyectos, puede llegar a generar condiciones no óptimas o no deseadas por algunos sectores de la sociedad. En otras palabras, el no incorporar estas externalidades provoca que tanto beneficios como costos sean transferidos de un sector de la sociedad a otros sectores, sin una compensación de por medio.
Al participar en el panel, Raúl Rolón, miembro de la organización social Causa Natura, destacó que ya existen metodologías que se aplican en otras partes del mundo, las cuales permiten cuantificar de forma muy precisa los servicios ambientales que prestan recursos naturales tales como los manglares, las dunas, los arrecifes y, en general, todos aquellos elementos de los ecosistemas que permiten que éstos se mantenga y no rebasen su capacidad de carga. En este sentido, se requiere avanzar para incorporar estas valoraciones dentro de la legislación nacional y permitir no sólo compensar, sino prevenir y mitigar al máximo los impactos de los proyectos sobre el medio ambiente.
Por su parte, Roberto de la Maza, abogado fundador de Visto Bueno, indicó que es urgente modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), pues como se encuentra actualmente no genera certeza jurídica para los actores; da más peso a la compensación que a la prevención y mitigación, además de que, en muchos casos, al ser un requisito que se basa en la buena fe del promovente, se convierte en un mero trámite a cumplir, que no va al detalle de cómo el desarrollador se asegurará de ocasionar el menor impacto posible en la región. De igual forma, en el PEIA se deben incorporar otros elementos, como son los impactos sociales, pues, como estamos viendo en muchos casos a lo largo del país, los proyectos acaban siendo detenidos por las comunidades que se ven afectadas y violentadas en sus derechos humanos.
A fin de evitar –o reducir al mínimo- el número de proyectos que generan problemas socio-ambientales como los sucedidos en el gasto de la devastación de manglar en Tajamar, Quintana Roo; el derrame de sustancias químicas tóxicas provenientes de la actividad minera en el Río Sonora, por mencionar únicamente dos ejemplos, es necesario y urgente que los instrumentos de política pública ambiental en México -particularmente el PEIA-, incluyan en su elaboración un análisis no sólo cualitativo, sino cuantitativo, del impacto de los proyectos sobre la sociedad tanto desde el punto de vista privado como ambiental y social.
[1] Ver el estudio completo aquí http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Estudio-Valoraci%C3%B3n-_-CEMDA-FINAL-rev-AVR_UGA-1final.pdf