Margarita Campuzano

Directora de Comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

Medio: Fractus

Para que México pueda convertirse verdaderamente en un país de energías renovables y tecnologías limpias, las modificaciones a las leyes secundarias de la reforma energética que se discuten actualmente en el Congreso deben asegurar un futuro fiscal y energético sustentable a largo plazo, sin menoscabar la sustentabilidad ambiental y bajo un marco de derechos humanos

Es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil que están impulsando la transición energética y las energías renovables en México –tales como la solar, la eólica, geotermia y biomasa-, han hecho planteamientos concretos a los legisladores, a fin de que sean incluidos dentro del nuevo marco normativo.

Organizaciones como Greenpeace México han señalado que nuestro país tiene más potencial eólico y solar que reservas petroleras, por lo que si el gobierno federal invirtiera desde ahora en detonar el sector de energías renovables se podría cubrir hasta el 81% de la generación eléctrica para el año 2050. Si se pusiera en práctica el Fondo para la Transición Energética que fue aprobado desde 2008 y que cuenta con tres mil millones de pesos anuales, como se establece en la ley de Aprovechamiento de Energía Renovable, sería posible crear empleos y tener desarrollo económico, siempre con justicia social.

Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha expuesto que la reciente aprobación de la reforma energética no establece un cambio estructural sobre los modos de producción y consumo de la energía en México. Hasta el momento, el gobierno federal no ha hecho un diagnóstico profundo e integral sobre el sector, su situación actual, así como sobre los escenarios de consumo y producción, tomando en cuenta, no sólo los factores energéticos y tecnologías disponibles, sino también los costos a la salud, al medio ambiente y a la sociedad.

La reforma energética sigue privilegiando la explotación y uso de fuentes fósiles. Además abre la puerta a fuentes energéticas (“limpias”, hidrocarburos no convencionales), cuyos impactos en el medio ambiente y en la salud no son claros. Es el caso del Shale gas y su extracción por medio del fracking, el cual una técnica con enormes riesgos para los derechos humanos, el agua, la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de México

En este contexto, es de suma relevancia que –como ha indicado el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo- las leyes secundarias se dirijan a impulsar la eficiencia en la generación y uso de energía, la reducción del uso de combustibles fósiles y el desarrollo de metodologías que incorporen las externalidades y beneficios de los proyectos de generación y uso del sector energético; y establezcan incentivos y reglas que incentiven la inversión en México de proyectos sustentables y con impactos sociales positivos.

Hasta el momento, la información que el gobierno ha puesto a disposición de la sociedad es escasa y no muestra suficientes datos para apoyar sus diferentes propuestas. Esta información es esencial, para que el gobierno, junto con actores no gubernamentales, pueda elaborar una política energética incluyente que impacte positivamente en todos los sectores.

Por todo lo anterior, la sociedad civil debe seguir exhortando al gobierno a asegurar que las políticas en esta materia cuenten con recursos para fomentar la transición y el aprovechamiento sustentable de la energía, el fortalecimiento y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de indicadores de seguimiento, medición y evaluación de los proyectos vinculados a la política climática del país para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental provocada por fuentes de energía no renovables.