• Desde 2011 CEMDA había denunciado que el proyecto requería autorizaciones federales en materia ambiental y que estaban realizando desmonte de vegetación sin permiso.
• La PROFEPA había fijado multas por más de 21 millones de pesos e interpuesto una denuncia penal en octubre de 2014 por la comisión de delitos ambientales.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) aplaude la decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de clausurar totalmente el proyecto Dragon Mart Cancún debido a las diversas irregularidades y delitos ambientales cometidos, y hace un público y amplio reconocimiento a dicha dependencia. Asimismo, se espera que el proceso penal pendiente se resuelva con el mismo apego a la ley por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“La decisión de la PROFEPA resulta sumamente relevante y positiva pues constituye un reconocimiento oficial a lo que desde el 2011 había estado señalando el CEMDA en el sentido de que Dragon Mart requería solicitar permisos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y  cumplir con la normatividad federal vigente en materia de impacto ambiental y forestal, ya que la conformación vegetal en la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal”, señaló Gustavo Alanís Ortega, fundador y Director General del CEMDA.[1]

Asimismo, se establece un importante precedente sobre los procedimientos legales que en materia ambiental deben de seguir los promoventes de proyectos, obras y actividades, así como las sanciones que deberán enfrentar en caso de que éstos se violen, no sólo en términos de la restauración del sitio, sino llegando incluso a sanciones de tipo penal contra quienes resulten responsables.

De acuerdo con lo señalado por PROFEPA, la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V. realizó desmonte de vegetación en 149 hectáreas, sin contar con autorización de cambio de uso de suelo forestal federal. Entre la vegetación afectada se encuentra hidrófila de Tule, que afectó vegetación hidrófila de Tasiste y con ello también la afectación de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059, fundamentalmente mangle botoncillo presente en la zona, el cual es una especie catalogada como amenazada. Asimismo, la dependencia reconoció que el proyecto en comento requería contar con Manifestación de Impacto Ambiental federal.

Resulta muy relevante también que la dependencia haya reconocido que en 2013 recibió 9 denuncias por parte de la sociedad civil. Esto confirma la importancia del rol de la ciudadanía en el cuidado, protección y conservación de nuestros ecosistemas, así como la responsabilidad que tiene la autoridad de investigar dichas denuncias en el marco de sus competencias y llegar hasta el fondo, actuando siempre conforme a la ley.

Además, CEMDA considera muy plausible que la dependencia hay promovido un juicio de lesividad en contra de la Delegación de la propia PROFEPA en Quintana Roo, por considerar que “las inspecciones [realizadas en 2012] fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo que, a todas luces, de las nuevas inspecciones se aprecia que son terrenos forestales, ecosistemas costeros y humedales”, cuestión que nuestra organización había denunciado también en su momento.

Por su parte, Alejandra Serrano Pavón, representante del CEMDA en Quintana Roo, señalo que “los proyectos de desarrollo son muy necesarios en nuestro país para impulsar el crecimiento y la creación de empleos, pero la decisión de la PROFEPA ratifica lo que CEMDA ha dicho a lo largo de sus 21 años de existencia respecto de que el desarrollo debe darse con visión de sustentabilidad. Los recursos naturales, de los cuales depende nuestra vida misma, deben preservarse a fin de que las próximas generaciones puedan seguir gozando de la calidad de vida que tenemos actualmente”.

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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización de la sociedad civil que desde hace 21 años promueve el derecho a un medio ambiente sano y la protección de los recursos naturales. Nuestro trabajo -sumado al de muchos otros actores- contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas  y el fortalecimiento del  Estado de Derecho. Todo esto con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.