• A pesar de los compromisos asumidos a nivel internacional, en la práctica se siguen priorizando los combustibles fósiles y el uso indiscriminado del automóvil privado.
• CEMDA e ITDP señalan que de continuar con las estrategias actuales, el gobierno mexicano no podrá cumplir con las metas fijadas en materia de mitigación al cambio climático.
• Invitan a tomadores de decisión a impulsar instrumentos de monitoreo y evaluación de los recursos federales, así como a promover una mayor asignación de recursos para energías renovables y transporte limpio.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) urgieron al gobierno a promover, con acciones concretas, la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte público limpio y  eficiente, así como la movilidad no motorizada pues de lo contrario, el país no podrá cumplir con las metas de mitigación a las que México se ha comprometido a nivel nacional e internacional para enfrentar el cambio climático.

En conferencia de prensa, las organizaciones de la sociedad civil que acudirán a la vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a celebrarse en Lima, Perú, del 1 al 13 de diciembre de 2014 señalaron que el país requiere aplicar una política climática transversal y coherente que mitigue los Gases de Efecto Invernadero (GEI), en la cual se establezcan metas concretas para la transición energética y se invierta en fuentes renovables de energía.

México se ha posicionado como el 12° mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, por lo que ha asumido el compromiso nacional e internacional de reducir sus emisiones en un 30% para 2020 y 50% para el 2050.[1] Sin embargo, a decir de las organizaciones, el país sigue apostando fundamentalmente a los hidrocarburos y al modelo de transporte basado en el automóvil privado, lo cual lo aleja del cumplimiento de los objetivos planteados.

Energía

La generación de energía en México se posicionó como el segundo mayor emisor contaminante, correspondiente al 21.8% de las emisiones totales, sólo superado por el sector transporte con un 22.2%.

Al respecto, Gabriela Niño, coordinadora de Política Pública de CEMDA, señaló que para que México pueda cumplir con sus metas de mitigación, debe limitar el uso de hidrocarburos para la generación de energía a los casos en los que la demanda no pueda ser cubierta por energía renovable. “El problema –apuntó- es que la apuesta sigue estando principalmente en los combustibles fósiles, con un actual énfasis en el gas natural, lo cual no contribuye a diversificar la matriz energética del país ni a generar incentivos para las energías renovables”.

El análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) revela que el sector energético cuenta con una baja asignación de fondos para el desarrollo y la implementación de proyectos de energía renovable. Los programas proyectados tienen una mínima participación en el sector y las empresas productivas del Estado no destinan recursos al anexo de cambio climático.

Esta situación empeora por la falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que no existen  indicadores que determinen el origen y destino final de los recursos, así como los impactos que tendrán en la mitigación y/o adaptación al cambio climático. La situación indica que el impulso a las energías renovables y la transición energética no son aún una prioridad para nuestros gobiernos, pues no se reflejan en la asignación de recursos públicos.

Adicionalmente, la reforma energética aprobada recientemente requiere incorporar criterios de cambio climático para atender sus impactos. Las recomendaciones planteadas por las organizaciones al respecto son las siguientes:

• Generar coherencia y transversalidad entre las políticas de los sectores con altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  y la política nacional.

• Impulsar el desarrollo tecnológico de las energías renovables, convirtiéndolas en costo-competitivas frente a las convencionales (hidrocarburos y combustibles fósiles).

• Desarrollar mecanismos financieros que fomenten la inversión en proyectos de energías renovables, así como el desarrollo de redes inteligentes que permitan su inclusión y penetración en el sistema eléctrico nacional.

• Generar esquemas e instrumentos regulatorios e institucionales en materia de investigación, innovación y fortalecimiento de capacidades y la participación pública y privada para impulsar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables en las regiones con mayor potencial y viabilidad económica (eólica, solar, mini hidroeléctricas y maremotriz).

• Desarrollar esquemas de comunicación y sensibilización de abajo hacia arriba que generen un cambio de paradigma en la generación y el consumo energético.

Transporte

En lo que se refiere al sector transporte, en México, el 77% de la población vive en zonas urbanas, y de  1990 a 2010, el consumo energético del sector aumentó en un 50% debido a la creciente densificación urbana y a la intensificación de las tasas de motorización.

El 94% de las emisiones generadas en el sector movilidad en el país, provienen del auto-transporte[2] y, de acuerdo con la Secretaría de Energía, el parque vehicular (dependiente del uso de gasolina) seguirá incrementando a una tasa anual del 6.6%, que ocasionará contar con 62.9 millones de unidades en circulación para el 2026. De continuar con la tendencia actual, para el 2030 habrá más autos que niños.

Xtabai Padilla, Coordinadora de Políticas de Cambio Climático del ITDP, señaló que “a pesar del alto potencial de mitigación de emisiones de GEI que tiene el sector transporte, el gobierno federal sigue priorizando la construcción de carreteras y vialidades para el automóvil, lo cual va en contrasentido del cumplimiento de las metas que el país ha establecido frente a la comunidad internacional”.

De acuerdo con estimaciones realizadas sobre la asignación de recursos durante años anteriores, para el 2015, el 90% de los fondos para proyectos de transporte y movilidad urbana se destinarán a obras de ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial (48,123 millones de pesos); sólo 6% se utilizarán para proyectos de transporte público (3,396 millones); 5% para obras de infraestructura peatonal (2,545 millones); y menos de 1% para infraestructura ciclista (189 millones)[3].

Las recomendaciones que se han planteado reiteradamente al gobierno a fin de lograr una verdadera reducción de emisiones son las siguientes:

• Promover e invertir en transporte público y no motorizado, en combinación con políticas de uso de suelo sustentables y eficientes.
• Establecer políticas estratégicas que eviten el uso indiscriminado del automóvil privado, y que reduzcan el número de viajes y los tiempos de traslado.
• Revertir la tendencia actual de asignación del 90% de los recursos federales para infraestructura vial, destinándolos a mejorar las tecnologías y combustibles actuales.
• Incrementar el presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para promover una planeación del territorio orientado al  transporte.
• Diseñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan detectar el origen y el uso final de los recursos asignados, así como desarrollo de planes estratégicos de comunicación para la sociabilización de la información y el cambio de paradigma de movilidad en el país.
• Ajustar reglas de operación de fondos federales ramos 23 y 33.
• Replantear prioridades en los proyectos del ramo 15 (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).

[1]  Meta del 30% para 2020 comprometida internacionalmente en el Apéndice II del Acuerdo de Copenhague: UNFCCC, “Mexico. National Mitigation Actions”, Information provided by non-Annex I Parties relating to Appendix II of the Copenhagen Accord. Nationally Appropriate Mitigation Actions of Developing Country Parties, México, 31 de enero de 2010. Posteriormente    ratificada y complementada con la meta de 50% para 2050 en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

[2] Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014.

[3] 27 Garduño, Javier (2014). Invertir para movernos. ITDP: México DF. Disponible en file:      ///C:/Users/ssocialmnm/Desktop/tatei/Invertir-para-movernos2.pdf

Ver: Resumen y Numeralia